Jorge Echelini, abogado laboralista, dialogó este viernes con la Radio de Camioneros y se refirió a la discusión en el Superior Tribunal de Justicia con la designación de dos jueces por decreto por parte de Milei.
“Quien está ahora como ministro de la Corte es provisorio porque al ser proclamado por comisión, ese nombramiento dura el pleno de una Legislatura así que si no lo ratifica esa designación también se caería, por eso Lijo no acepta”, comentó primeramente.
En este sentido, sostuvo que “Ariel Lijo no tiene la seguridad de que deja su cargo fijo como juez para ir a uno superior que en estas condiciones no tiene asegurado la continuidad y el Gobierno Nacional hace abuso de los DNU y en este caso están jugando con fuego”.
“El error fue de quien aceptó este cargo a dos días de que comience a funcionar la Legislatura, se hizo para mandar un mensaje de poder de que si no aceptan se hace eso”, agregó Echelini.
Continuando, dijo: “El vecino nunca va a palpar esto porque la Corte Suprema es casi inaccesible para los problemas comunes, los temas de la gente son muy difícil que lleguen. Es la última instancia de cualquier discusión que medie de carácter legal en el país”.
“Cualquier discusión entre el Poder Ejecutivo y el Legislativo lo resuelve la Corte Suprema como la privatización de YPF en su momento cuando era del Estado y la participación de los trabajadores. Es la Corte la que define si el DNU 70/23 tiene validez o no. Nadie sabe si emplear las medidas de ese decreto porque los jueces ya lo declararon inconstitucional, pero la Corte no lo define”, enfatizó.
Por último, el abogado laboralista puntualizó que “el DNU nace con la reforma del 94 y el primero en usarlo fue Menem, son facultades legislativas que se le otorga al presidente en extrema urgencia o cuando no puede intervenir el Legislativo. Se debe definir si hay urgencia”.
“El Congreso debe intervenir en esto porque son los que representan al pueblo y a las provincias. No es que a un iluminado se le ocurrió que haya fueros, es para respaldar al Legislador para que pueda decir lo que quiera y que no haya fraude en la administración. Están creados para proteger y esto no quiere decir que no haya amparos para levantarlos y que se investigue en algunos casos”, finalizó.