MARTES 08 DE JULIO, 2025
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El Gobierno de Javier Milei aplicará desde febrero un recorte en los subsidios en las tarifas de luz y de gas natural a unos 9,5 millones de hogares que pertenecen a los segmentos de ingresos medios y bajos. Esos usuarios tendrán una «bonificación» más baja en el precio de la energía en esos servicios públicos. Las boletas finales además aumentarán el mes que viene 1,5% y 1,6% promedio, respectivamente.
Las medidas fueron oficializadas a través de resoluciones que publicó esta madrugada la Secretaría de Energía en el Boletín Oficial. Forman parte de la hoja de ruta del ministro de Economía, Luis Caputo, para acelerar la «motosierra» sobre las subvenciones y garantizar el equilibrio fiscal, además de la búsqueda por llevar la inflación por debajo del 2% mensual.
El subsidio del Estado implica que los usuarios tengan una bonificación sobre el precio pleno de la electricidad y/o el gas según el esquema de segmentación vigente: ingresos altos (Nivel 1) que pagan el «costo real», ingresos bajos (N2) e ingresos medios (N3). El descuento desde ahora será del 65% para los N2 y del 50% para los N3 en ambos servicios, lo que representa en mayor medida un recorte en el beneficio.
Las bonificaciones vigentes desde junio pasado para la electricidad eran del 71,2% en N2 y del 55,94% en N3. En gas natural eran del 64% -solo en ese caso la cobertura sería mayor en un punto porcentual-, y del 55%, respectivamente.
Según datos del Registro de Acceso a los Subsidios a la Energía (RASE) hasta diciembre había 9,5 millones de usuarios de energía eléctrica agrupados entre N2 (6,3 millones) y N3 (3,2 millones) que reciben subsidios, de un total de 16,2 millones de usuarios. Son unos 800.000 beneficiarios menos. En gas, son unos 5,3 millones con subvenciones de los 9,5 millones de usuarios totales residenciales, de los cuales los N2 son 3,1 millones y N3 2,2 millones.
Los N2 tienen desde junio pasado bonificado su consumo hasta un volumen máximo de 350 kilowatt hora (kWh) por mes y los N3 250 kWh mensuales, mientras que pagan pleno sobre el excedente. Energía tiene en estudio la posibilidad de aplicar un recorte en esos topes en los próximos meses, según publica Infobae.
La Secretaría de Energía, al mando de María Tettamanti, también trabaja para en marcha desde mediados de 2025 un nuevo esquema de subvenciones. La premisa oficial es que existan solo dos tipos de usuarios bajo un sistema similar al de la tarifa social que se aplicó durante la gestión de Mauricio Macri: los que tienen y los que no reciben subvención. El Presupuesto 2025 preveía un recorte en subsidios de más de USD 3.000 millones, similar al que se dio este año. Recientemente el FMI pidió, entre otras cosas, mejorar la progresividad de la reducción de las subvenciones.
El Gobierno apuesta a profundizar la desaceleración de la inflación durante 2025, de cara a las elecciones legislativas. Es por eso que durante el verano se habilitarán aumentos en las tarifas de electricidad y gas natural por debajo del 2% mensual. En enero las subas habían sido de 1,6% en luz y 1,8% en gas. En febrero serán del 1,5% y 1,6%, respectivamente. También comenzará a regir la baja del 2% al 1% en el ajuste mensual del precio del dólar oficial.
Energía avanzará en febrero en la revisión tarifaria con distribuidoras y transportistas. De ese proceso surgirán además los nuevos cuadros tarifarios y las inversiones que deberán realizar las compañías para mejorar el servicio de cara a los próximos cinco años. En abril comenzarán a regir los nuevos cuadros tarifarios que traerán aumentos en las facturas por debajo del 10%, que además podrían ser divididos en cuotas mensuales según indicaron fuentes oficiales.
Luego la idea es definir un sistema de actualización mensual automático para que las tarifas y, en consecuencia, los ingresos de las empresas se mantengan constantes en términos reales. Se trata de un cambio sustancial respecto a los aumentos discrecionales que se aplicaron a partir de 2024, después de años de congelamiento, y con los que se buscó apuntalar la desaceleración de la inflación.
“Además, en línea con el objetivo de simplificar procesos y desburocratizar al Estado, se decidió cambiar el mecanismo de compensación sobre el precio derivado de la aplicación del régimen de Tarifa Social de gas natural. Ahora, el pago de compensaciones se hará directamente hacia los productores y no a las distribuidoras. De esta manera, quitamos intermediarios y agilizamos la cadena de pagos”, agregó Energía.
De la misma manera, las autoridades explicaron que las compensaciones percibidas por las prestadoras y distribuidoras, derivadas del programa de subsidios, comenzarían a aplicarse por método retroactivo, según el mecanismo de compensación establecido a través del Decreto N° 892/20. “Los montos a compensar se descontarán de las sumas a abonar por las prestadoras del servicio de gas a sus proveedores y serán compensadas directamente a estos últimos a través de esta Secretaría”, aclararon desde la Secretaría de Energía.
Javier Milei eliminará la Secretaría de Prensa y Manuel Adorni absorberá sus funciones. El jefe de Estado tomó la decisión de disolver el área luego de la renuncia de su extitular Eduardo Serenellini por tensiones con la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei.
La disolución de la estructura jerárquica del área se oficializará a través de un decreto en el boletín oficial. El vocero presidencial sumará la Subsecretaría de Prensa -que preside Javier Lanari- a la Secretaría de Comunicación y Medios, que cuenta con un presupuesto de $25.412 millones.
Adorni tiene tres Subsecretarías -Vocería y Comunicación de Gobierno, Coordinación Administrativa y Medios Públicos- junto con una unidad de gabinete de asesores. Dispone además de siete direcciones nacionales, cuatro generales y veintitrés de menor grado.
El director nacional de Comunicación Digital de la Presidencia de la Nación, Juan Pablo Carreira, y el director de Realización Audiovisual, Santiago Oría, -que maneja la distribución audiovisual de las apariciones presidenciales- dependen de la Secretaría del vocero. Cuenta también con un área de publicidad oficial con fondos de $8375 millones.
El Gobierno le asignó $4871 millones en “acciones institucionales” a la Secretaría de Prensa en el proyecto presupuestario para 2025 que no prosperó en el Congreso. Abarca $3501 millones en gastos en personal -$177 millones para el gabinete de autoridades superiores- y $1352 millones en servicios no personales, como mantenimiento y pasajes.
Según el boletín fiscal del Ministerio de Economía del tercer trimestre, Presidencia redujo en 2024 la deuda en $84.646 millones en los programas de Acciones de Comunicación y Prensa Institucional de la Secretaría de Prensa ($6.029,0 millones) e Información e Inteligencia ($80.275,4 millones).
Serenellini le presentó ayer temprano su renuncia a Milei en la quinta de Olivos por “motivos personales”. El exsecretario acumuló críticas internas por sus viajes al interior del país para reunirse con funcionarios y visitar medios provinciales.
Estuvo en las provincias de Mendoza, San Luis, Chaco, Salta, Neuquén, Córdoba, Tucumán, Jujuy, Ushuaia, San Juan, Catamarca, Santiago del Estero y Santa Fe, entre otras, en 2024. Según la documentación a la que pudo acceder TN, los gastos varían desde $26.395 hasta $128.912 por viaje.
El Gobierno avanzó en la desregulación del mercado de Gas Licuado de Petróleo (GLP). Desde ahora, las empresas pasan a definir los precios de las garrafas de 10, 12 y 15 kilos. Así, los valores que informe la Secretaría de Energía serán de referencia y no vinculantes.
Con estos cambios, el Ejecutivo estableció que los precios de venta del gas en garrafa por parte de los productores no deberán superar los valores de paridad de exportación. Además, liberó las bocas de carga para que los fraccionadores puedan elegir dónde retirar el producto y quitó los aportes obligatorios y cupos.
La decisión de la cartera que encabeza María Tettamanti tiene como objetivo “eliminar gradualmente los precios máximos regulados, permitiendo que el mercado determine los precios bajo oferta y demanda». Además, permitirá que «los precios de los diferentes segmentos (producción, fraccionamiento, distribución y comercialización) se ajusten a los costos reales de cada etapa, reduciendo ineficiencias y distorsiones”.
La medida fue formalizada a través de la resolución 15, publicada este viernes en el Boletín Oficial. Además, Energía confirmó que se mantendrán el Programa Hogar, un subsidio que cubre el 80% del precio destinado a los sectores de bajos ingresos sin acceso a la red.
Desde ahora, Energía solo establecerá los precios de referencia sin un tope y no serán vinculantes. Es decir, que funcionarán como guía.
Programa Hogar: qué pasa con los precios de las garrafas
A pesar de la desregulación del mercado de Gas Licuado de Petróleo (GLP), continuará vigente el Programa Hogar, un subsidio que cubre el 80% del precio de la garrafa. Está destinado a los sectores de bajos ingresos sin acceso a la red de gas natural.
Con la eliminación de los valores fijados por la Secretaría de Energía para el programa que liquida la ANSES, las empresas pasan a definir los precios de las garrafas.
Los requisitos para percibir el Programa Hogar ANSES en febrero de 2025
-Que ningún miembro del grupo familiar posea un servicio de gas natural a su nombre, ni tampoco haya solicitado la Tarifa Social de Gas.
-Que los ingresos del grupo familiar no excedan dos salarios mínimos, vitales y móviles.
-Si uno de los integrantes presenta una discapacidad (y cuenta con el CUD vigente), los ingresos mensuales del grupo familiar podrán ser de hasta 3 salarios mínimos, vitales y móviles.
En hogares de La Pampa, Neuquén, Río Negro, Chubut, Santa Cruz, Tierra del Fuego y el partido de Patagones (provincia de Buenos Aires), los ingresos mensuales del grupo familiar podrán ser de hasta 2,8 salarios mínimos, vitales y móviles.
Ante la fuerte caída en la demanda sufrida el año pasado y las expectativas también negativas para este año, la productora de neumáticos Bridgestone Argentina pidió la ampliación del Procedimiento Preventivo de Crisis (PPC) que hacia mediados de 2024 había presentado ante el Ministerio de Capital Humano.
La decisión de la compañía radica en que el objetivo es reducir la producción para cumplir con la demanda esperada para 2025, asegurando el cumplimiento de los acuerdos comerciales actuales, informó mediante un comunicado.
“Bridgestone evalúa regularmente todos los aspectos de su negocio para asegurar su sostenibilidad y competitividad, alineando las actividades y potenciales inversiones para abordar las realidades del mercado. Después de una planificación exhaustiva para asegurar la vitalidad a largo plazo de la compañía, Bridgestone ha evaluado cómo implementar mejor las medidas de reducción de costos, incluyendo reducciones de personal en sus operaciones corporativas, de ventas y de manufactura en toda América”, sostuvo la empresa mediante un comunicado.
Además, remarcó que “el negocio y el mercado son desafiantes y las perspectivas para 2025 parecen aún más difíciles, lo que obliga a ser realistas sobre la situación actual de la empresa y evaluar los posibles pasos que se pueden tomar para optimizar la estructura y repriorizar proyectos clave”.
“Por lo tanto, Bridgestone Argentina ha solicitado la ampliación del Procedimiento Preventivo de Crisis (PPC) presentado en su momento al Ministerio de Capital Humano, comunicando el objetivo de reducir la producción para cumplir con la demanda esperada para 2025, asegurando el cumplimiento de nuestros acuerdos comerciales actuales. Estamos decididos a minimizar el impacto que esta decisión tendrá en nuestros colaboradores, clientes y la comunidad”, concluyó la empresa.
Bridgestone Argentina había presentado el PPC en julio del año pasado ante la Secretaría de Trabajo, y en ese momento había otorgado una “liberación de tareas” con goce de haberes por una semana para los 1.550 trabajadores de su planta industrial ubicada en la localidad bonaerense de Llavallol.
Tres años atrás, la compañía había iniciado un proceso de expansión para incrementar sus exportaciones intra-compañía hacia Brasil y EEUU, pero posteriormente revirtió esa medida, alegando, en 2024, que estaba exportando solamente el 10% de las cifras previstas.
Según había publicado Infobae en esa oportunidad de acuerdo a fuentes del sector, la decisión tomada por Bridgestone no estaba ligada a la situación macroeconómica sino a la caída de los mercados externos, generada en gran parte por los constantes conflictos gremiales que afectaron en los últimos años tanto a Bridgestone como a sus competidores (Fate y Pirelli). En ese sentido, las interrupciones en el proceso productivo hicieron que Bridgestone reemplazara a su planta de Argentina para abastecer a Brasil y EEUU.
El Gobierno ejecutó un recorte en el gasto total cercano al 26% en el primer año de mandato de Javier Milei, que estuvo basado en el gasto en jubilaciones y pensiones, en subsidios económicos, transferencias a provincias e inversión en obra pública. Así lo relevaron dos estimaciones privadas en base a datos preliminares oficiales. El Ministerio de Economía estimó que el 2024 finalizó con un superávit primario de 1,9% del PBI, y de 0,3% al contemplar el pago de intereses de deuda.
La pata fiscal del programa económico libertario estuvo marcado por un ajuste inmediato en algunas partidas del gasto público para conseguir de forma temprana indicadores superavitarios en los primeros meses de gestión, como gesto al mercado de que el Estado nacional no necesitaría financiamiento ni por la vía de asistencia monetaria del BCRA ni por endeudamiento neto adicional. Además, buscó con esa poda inicial dar una señal de solvencia a los tenedores de los bonos.
Los primeros datos del gasto devengado -esto implica gastos “comprometidos” pero no necesariamente pagados- de diciembre y globales del 2024 recopilados por consultoras privadas dan cuenta de que el año pasado el ajuste del gasto primario fue de 27% y en términos generales, al sumar el gasto de capital, de 26% en los doce meses del 2024.
Qué rubros tuvieron las caídas
Números preliminares de Analytica reflejan que esa caída de 27% en el gasto primario estuvo sostenido, entre otros, por un recorte en la partida de jubilaciones y pensiones del orden del 14%, que es el renglón de las erogaciones más grande del presupuesto. La secuencia para este caso fue particular: la poda estuvo mucho más concentrada en los primeros meses del año y tuvo una tendencia más suave desde que se implementó, por decreto, la fórmula mensual por inflación. En diciembre, directamente creció el gasto jubilatorio en un 20% en comparación con ese mes de 2023.
La poda en la obra pública
La obra pública fue otro de los blancos centrales de la motosierra del gasto. A lo largo de todo el año pasado, ese gasto se desplomó 76%, desde 8,6 billones de pesos en 2023 hasta 2 billones (siempre en pesos constantes) en 2024. Las transferencias a provincias tuvieron un derrumbe de casi 70 por ciento, seguido por otros Programas sociales (-41%), subsidios económicos (-37%), gasto en personal (20 por ciento), midió Analytica.
Un informe de la Asociación Argentina de Presupuesto (ASAP) en base a los mismos datos oficiales consideró que el recorte de gastos fue tan heterogéneo que generó cambios en la estructura general del presupuesto. “El Presupuesto de la Administración Pública pasó a estar más enfocado en los Gastos Corrientes, en particular en las Jubilaciones y Pensiones (pasaron de representar el 34,1% del Gasto Total en 2023, al 39,7% en 2024, incrementando su participación en 5,6 puntos porcentuales), en detrimento de los Gastos de Capital, que pasaron del 6,7% en 2023 al 2,5% del Gasto Total en 2024″, mencionó ASAP.
Esa entidad especializada en cuentas públicas también hizo una proyección, también con datos oficiales de los ingresos totales de 2024, que la administración nacional habría terminado el año con un déficit financiero de 1 billón de pesos y un superávit primario de 8,96 billones de pesos. Ambos números no son comparables con los datos fiscales que informa la Secretaría de Hacienda de manera mensual porque se trata del gasto devengado -no “base caja” que contempla la medición oficial- y porque solo incluye la administración nacional, sin organismos descentralizados y otros entes públicos.
Caída del peso total del gasto en relación al PBI
El economista Nadin Argañaraz intentó medir, con la misma información disponible, cuál fue la reducción del gasto público de 2024 en relación al Producto Bruto. “De un gasto devengado del 19,9% del PBI en 2023, se pasó a uno del 15,7% del PBI en 2024, resultando una caída del peso relativo del gasto total devengado de 4,2 puntos porcentuales del PBI entre ambos años”, calculó Argañaraz, director del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (Iaraf).
Además, estimó que de las 29 finalidades en las que se puede clasificar al gasto público, hubo solo tres que tuvieron un aumento en su peso relativo en el presupuesto, mientras que el resto se mantuvo estable (en 4 casos) o cayó (en otros 22), en distintas dimensiones. Entre las que más se contrajeron, identificó “Promoción y asistencia social, Seguridad social, Educación y cultura, Energía, combustibles y minería, Transporte y Relaciones interiores”. “Entre estas 6 finalidades aportaron un 80% de la reducción del peso relativo del gasto de la Administración general en términos del PBI”, aseguró Argañaraz.
El horizonte fiscal al que aspira el Gobierno para el 2025 implica, de mínima, sostener el equilibrio en las cuentas públicas. Esto es: que el Estado nacional tenga un superávit primario suficiente para tener cubiertos los pagos de intereses de deuda. El Presupuesto 2025 había planteado una regla fiscal para limitar el aumento del gasto, pero finalmente la Casa Rosada optó por volver a prorrogar la hoja de ruta de ingresos y erogaciones de 2023.
Después de un primer año de gestión marcado por un fuerte freno de la actividad y a partir de la desaceleración de la inflación en los últimos meses, el Gobierno profundiza los lineamientos para las negociaciones salariales que se vienen. En paralelo, se ilusiona con algunas variables que componen el tablero de la economía y que empezaron a mostrar algunos signos de recuperación. Una de ellas es el empleo, que durante los últimos meses de 2024 dejó entrever un mesurado crecimiento, según los relevamientos oficiales.
En el Ejecutivo insisten en que la prioridad de su programa está en mantener en descenso el índice de precios y apuntan a que las paritarias sigan el rumbo de la inflación en los próximos meses. Por eso, celebran el acuerdo de Camioneros, que aceptó bajar la paritaria original que había reclamado por un aumento salarial de 5,5% en tres meses (2,2% con los sueldos de diciembre; 1,8% con los de enero y 1,5% con los de febrero). “El gesto de Moyano ayuda mucho”, reconoció un funcionario.
Con esta suerte de “caso testigo”, en la Secretaría de Trabajo creen que para marzo los aumentos salariales se convalidarán en torno a 1%. Este indicador pretende servir de referencia para las próximas negociaciones.
Básicamente, el temor que resuena en pasillos oficiales es que si se cierran acuerdos por encima de esa pauta, luego habrá un traslado a precios que trastocará el objetivo de mantener a raya la inflación y complicará, además, el esquema de costos de las empresas, que necesitan mejorar su actividad tras un año recesivo. “Hoy los salarios son buenos, lo que hay son precios caros o altos impuestos”, repiten en el Ejecutivo.
También plantean que las discusiones paritarias deberían darse de forma individual con las empresas, lo cual podría elevar la conflictividad con los gremios porque así se les quitaría poder de fuego a la hora negociar mejoras en los salarios.
Pero eso no es todo. Acompañado del debate por los sueldos, la secretaría de Trabajo, dependiente de Capital Humano, también quiere proponer en 2025 la revisión de los convenios colectivos de trabajo porque considera que es una forma de mejorar la productividad de las empresas. “Nadie va a obligar a revisarlos, pero si se quieren discutir salarios habrá que verlos”, deslizó una fuente oficial.
Leve recuperación del empleo privado registrado a fines de 2024
Paralelamente, la Secretaría de Trabajo también releva a través de distintos índices la evolución del empleo en la Argentina. Para ello, monitorea el Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) y la Encuesta de Indicadores Laborales (EIL), que muestran los números de octubre y noviembre, respectivamente.
De acuerdo con los datos del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), el empleo asalariado registrado en el sector privado creció un 0,1% en octubre y acumuló una suba de 0,3% desde agosto, equivalente a la incorporación de 17.000 trabajadores.
En tanto, la Encuesta de Indicadores Laborales (EIL) -que mide el empleo asalariado registrado privado en empresas con más de diez trabajadores-, registró un incremento del 0,2% en noviembre con relación al mes anterior, lo cual implica un aumento de 0,7% con respecto a agosto.
Con estas cifras, en el Gobierno hablan de un “inicio de una etapa de recuperación”. “Hubo 11 meses de caída, ahora esto es un quiebre”, defienden. Lo cierto es que, según sus estimaciones, desde septiembre de 2023 hasta julio de 2024 180.000 trabajadores fueron desvinculados del sector privado.
En el análisis por rubros, en noviembre Comercio, Restaurantes, Hoteles e Industria fueron los que más impulsaron la creación de trabajo -con 0,4% y 0,3%, respectivamente-, y dentro del sector industrial traccionaron principalmente al alza los alimentos, madera y papel, mientras textiles y automotores todavía cae. En contrapartida, el sector que aún muestra números rojos es la construcción.
En ese sentido, el Gobierno también comparó la situación laboral durante los últimos cuatro procesos de recuperación de la actividad y detectó que los niveles actuales pueden equipararse con el período entre abril y junio de 2014. “Siempre las recuperaciones son moderadas y el empleo crece por debajo de la actividad económica. Cuando hay recesión, la actividad cae más que el empleo por los costos y porque las empresas no quieren perder puestos de trabajos calificados”, ejemplificaron.
Por último, Trabajo también calculó que en noviembre de 2024, el salario medio real del empleo registrado privado creció 1,6% respecto al mes anterior, por lo que el poder adquisitivo quedó por encima del nivel previo a la devaluación de diciembre de 2023, cuando inició la gestión liderada por Javier Milei.
Además, según el Sistema de Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables (RIPTE), el salario promedio bruto de los trabajadores alcanzó $1.178.925,33, lo que representa un incremento nominal de 2,8% respecto al mes anterior.
El Gobierno definió los valores mayoristas de la energía, que impactarán en las tarifas de luz y gas desde el 1° de noviembre. El Ejecutivo decidió mantener los precios estacionales de la energía eléctrica vigentes para el período noviembre-abril de 2025. En tanto, fijó aumentos de hasta 3,5% en los valores del gas mayorista a partir de este mes.
Los nuevos precios de la energía mayorista se oficializaron mediante las Resoluciones 19 y 283, publicadas en el Boletín Oficial.
“Es conveniente mantener los precios estacionales vigentes al 31 de octubre de 2024 durante el período estacional de verano noviembre 2024 a abril 2025”,se explica en los considerandos de la resolución 19. No obstante, modificó el valor del gravamen destinado al Fondo Nacional de Energía Eléctrica (FNEE), que abonan las distribuidoras y que pasa a costar $1500/MWh desde este viernes.
Para el gas, se fijó un nuevo precio que varía entre US$3,085 y US$3,128 por millón de BTU en todo el país, de acuerdo con las distribuidoras. Las alzas contra lo valores del gas mayorista vigentes van de 0,64% al 3,5%. Mientras para la energía eléctrica, el Gobierno definió mantener sin cambios el precio de la luz (PEST) mayorista, que oscila de $63.187 a $66.885 por MwH hasta el 30 de abril de 2025.
De esta manera, se espera que en los próximos días el Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE) y el Ente Nacional Regulador del Gas (ENARGAS) difundan los nuevos cuadros tarifarios con los valores de transporte y distribución, según corresponda.
Aumento en tarifas: Cómo quedan los precios del gas desde noviembre
La Resolución ratifica que los aumentos en el precio del gas se aplicarán sobre los usuarios residenciales y los denominados “servicio general”. A continuación, los nuevos valores para los tres grupos:
Altos ingresos (nivel 1): Desde noviembre pasarán a abonar entre US$3,085 y US$3,128 el precio del gas.
Bajos ingresos (nivel 2): El precio del gas oscila entre US$3,085 y US$3,128, a partir de noviembre. El consumo excedente se paga a US$3,30 por millón de BTU.
Ingresos medios (nivel 3): En noviembre, pagarán entre US$3,085 y US$3,128, por sus bloques de consumo subsidiados. Cualquier consumo extra, se pagará a precio pleno.
Tarifas de luz: Cómo quedan las boletas de luz durante noviembre y abril 2025
La Secretaria de Energía informó al respecto que el precio PEST durante noviembre y abril de 2025 quedará sin cambios, es decir, continúan vigentes los valores aplicados durante octubre. A continuación, los valores:
Usuarios N1 (ingresos altos) y sectores productivos (comercios e industrias): Pagarán entre $63.187 y $66.885 kWh/mes, según franja horaria.
Usuarios N3 (ingresos medios): El precio de la luz mayorista es de $66.885 kWh/mes. Tienen una bonificación de 55% sobre el bloque subsidiado (250kw por mes) y el excedente se paga a precio pleno.
Usuarios N2 (ingresos bajos): El valor de la luz mayorista es de $66.885 kWh/mes. Tienen una bonificación de 64% sobre el bloque subsidiado (400kw por mes) y el excedente se paga a precio pleno.
La titular de MARA (Monotributistas Asociados República Argentina), Noelia Villafañe, habló sobre el posible quiebre de las Obras Sociales para los monotributistas. “Alertamos al Ministerio de Capital Humano porque si no se alcanza a reempadronar el 85% del Monotributo Social van a quebrar estas obras sociales y va a ser un problema para pacientes crónicos”, aseveró.
En este sentido, señaló -en diálogo con Radio de Camioneros– que “este es un tema que debería preocuparle a todos los montributistas porque corre peligro que se rompa el sistema de salud”.
“Si no se toman medidas políticas para solucionar este asunto, tarde o temprano va a ser una realidad”, dijo.
Asimismo, aclaró que “son muy pocos los que se reempadronaron al Monotributo Social luego de la modificación en el mes de abril, de esta manera va a caer la cobertura de obra social y como efecto dominó caerán las otras”.
“Alertamos al Ministerio de Capital Humano porque si no se alcanza a reempadronar el 85% del Monotributo Social van a quebrar estas obras sociales y va a ser un problema para pacientes crónicos”, indicó.
En este marco, destacó que “en vez de enfrentar a las obras sociales que funcionaban para hacer caja y no daban prestaciones, hicieron el reempadronamiento para que lo hagan los que utilizan estas obras sociales pensando que iba a funcionar como un relojito”.
“La gente no se enteró porque no hubo difusión y se empadronó menos del 20%. La primera en caer va a ser la OSFEDECAMARAS que da cobertura a más de 150 mil monotributistas, que deberán pasar a otra obra social”, afirmó.
“Se fueron las obras sociales que eran un sello de goma, pero también la que daban prestaciones y quedó gente sin cobertura. Queremos que el reempadronamiento se extienda hasta el 31 de diciembre”, expresó.
Finalmente, Villafañe recordó: “Se hizo todo a las apuradas, muy desprolijo, no quisieron aceptar lo que propusimos. Los platos rotos los va a terminar pagando la gente. No queríamos llegar a tanto, pero van a tener personas encadenadas”.
El Gobierno confirmó los nuevos aumentos en las tarifas de los servicios públicos de luz y de gas natural por redes para los usuarios residenciales, comercios e industrias. Los incrementos serán de hasta 4% promedio desde agosto, según lo definió el Ministerio de Economía, y se reflejarán en las boletas que lleguen en septiembre.
Las medidas se oficializaron a través de las Resoluciones 191, 192 y 193 de la Secretaría de Energía de la Nación. Allí se instruyó a los entes reguladores de electricidad y gas a trasladar los incrementos a los usuarios.
Las tarifas finales que pagan los usuarios se componen de cuatro ítems: el costo de la energía, el transporte, la distribución y, sobre eso, los impuestos. Sobre el primer ítem es dónde se canalizan los subsidios del Estado, mientras que sobre en transporte y distribución no hay subvenciones. Finalmente, el incremento fue sobre todos los componentes de la factura en un intento oficial por retomar el ajuste en el gasto en subvenciones -según publica Infobae-.
Actualmente los usuarios se encuentran divididos en tres categorías en base a los niveles de ingresos que perciben según la segmentación de subsidios vigente desde 2022: Altos ingresos (Nivel 1), Ingresos bajos (Nivel 2) e Ingresos Medios (Nivel 3). Los últimos datos oficiales del Registro de Acceso a los Subsidios a la Energía (RASE) arrojan que los N1 son 5,3 millones, los N2 son 8 millones y los N3 son 2,7 millones.
De esa ubicación depende cuánta subvención recibe cada usuario en su factura, siempre sobre el componente del costo de la energía. Sobre eso cada segmento tiene un tope de consumo de luz y de gas hasta el cual recibe asistencia del Estado.
Cómo quedan las facturas de luz
Al respecto, la Secretaría de Energía publicó una estimación de cómo quedarían las facturas en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) en función de los nuevos cuadros tarifarios para transporte y distribución, y considerando consumos promedio residenciales de 260 kwh.
N1 pasará de $29.951 a $31.253
N3 pasará de $16.544 a $17.228
N2 pasará de $12.714 a $13.222
“Sobre la base del PEST (Precio Estacional de la Energía Eléctrica) aprobado para cada jurisdicción, las autoridades competentes locales definirán los nuevos cuadros tarifarios con los valores de distribución, según corresponda”, explicó Energía en un comunicado.
Cómo quedan las facturas de luz
Por otro lado, y en función de los nuevos cuadros tarifarios para transporte y distribución, aprobados por el ENARGAS y considerando los tres niveles de segmentación, el valor promedio de las facturas finales mensuales tendrán el siguiente incremento según informó Energía:
N1 pasará de $32.859 a $34.165
N3 pasará de $31.724 a $32.985
N2 pasará de $24.543 a $25.519
“De esta manera, se busca representar los costos reales y la variabilidad de abastecimiento de gas natural para las empresas distribuidoras, con el objetivo de garantizar las inversiones necesarias para el sector y un uso responsable del suministro”, explicó Energía.
El Observatorio de Tarifas y Subsidios en el Instituto Interdisciplinario de Economía Política (IIEP), que depende de la UBA y el Conicet, estimó en su último informe que una familia del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) que no recibe subsidios recibió en julio una factura de gas natural 1.208% más alta que en diciembre, “debido al aumento de tarifas en abril y junio además del consumo estacional por el pico invernal”. A su vez, el gasto en transporte aumentó 410%, en agua 249% y en energía eléctrica 229%, según el estudio.
Otra suba que traerá agosto será la de 5,16% en el servicio de Aguas y Saneamientos Argentinos (AySA) en el AMBA. Es este caso, luego de la quita de subsidios de abril, que implicó una suba del 209% promedio, las facturas se actualizaron mensualmente por una fórmula polinómica en base a la inflación minorista, mayorista y el índice de salarios.
En tanto, el Gobierno informó esta mañana que aumentarán casi 40% los boletos de colectivos del AMBA desde el 12 de agosto en adelante. Según pudo saber Infobae, esos nuevos valores estarán vigentes a partir del próximo 12 de agosto. Para las personas que tienen su tarjeta SUBE registrada, el boleto mínimo para el tramo más corto (0 a 3 kilómetros) subirá $100 y pasará a costar $370.
La petrolera de mayoría estatal YPF aplicó este viernes un sorpresivo nuevo aumento en sus precios de nafa y gasoil. El incremento, que aplica sólo a las estaciones de servicio de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), busca acercar los valores a los de los surtidores del resto del país.
El aumento que empezó a regir en todo el país el jueves 1° de agosto, con el cambio de mes, rondó el 3% según explicaron en ese momento en el sector. Esta suba extra aplicada por la principal jugadora del mercado a sus precios porteños lleva el aumento al 5,4% en comparación con los precios del miércoles, según datos de la web especializada Surtidores.
El diputado provincial de Chubut, Juan Pais, habló sobre la ampliación presupuestaria solicitada por el Gobierno Provincial. “Me hubiese gustado que el Gobierno presentara su presupuesto, entendí que no lo hicieran en diciembre, pero en febrero deberían haber tenido un presupuesto listo, sin embargo decidieron trabajar con el anterior”, aseveró.
En este sentido, señaló -en diálogo con Radio de Camioneros– que “al haberse reconducido el presupuesto anterior, con la inflación que hay, todo lo que se recaudó el año anterior, esta vez se recolectó en los primeros meses de gestión”.
“Se necesita una ampliación presupuestaria, según el pedido hay dinero”, dijo.
Asimismo, aclaró que “lo que se solicitó es una ampliación presupuestaria del presupuesto reconducido del 2023 pero ahora el crédito está agotado”.
“El Gobierno debió haber hecho su presupuesto porque al reconducirlo quedas atado a las condiciones de la anterior gestión y al agotar el crédito sí o sí se necesita una ampliación”, indicó.
En este marco, destacó que “está ingresando más dinero que en el presupuesto anterior por la inflación”.
“Ha habido un aumento de ingresos por regalías, si bien la economía no crece, la recaudación en pesos aumentó”, afirmó.
Finalmente, País recordó: “No sabemos si no va a haber otra ampliación en octubre. Me hubiese gustado que el Gobierno presentara su presupuesto, entendí que no lo hicieran en diciembre, pero en febrero deberían haber tenido un presupuesto listo, sin embargo, decidieron trabajar con el anterior”.
Tras el fracaso de las negociaciones entre los Sindicatos y las Cámaras Empresarias en el Consejo del Salario, el Gobierno publicó el Decreto con el aumento del salario mínimo, vital y móvil. El primer aumento corresponderá a julio y llevará el ingreso básico de $234.315 a $254.231, y el último en octubre, que lo elevará a $271.571. Así, la suba total será del 15,9% en los cuatro meses.
Esta fue la tercera vez desde que asumió Javier Milei que el Gobierno debió intervenir para otorgar el porcentaje de aumento y el plazo de aplicación.
En la reunión del Consejo del Salario, las Centrales Obreras (CGT y las dos CTA) reclamaron llevar el salario mínimo a $482.000 en julio y $505.000 en agosto, el equivalente a un aumento del 116%. Así, conseguiría sacarlo de la línea de indigencia ($393.319 para una familia de cuatro integrantes).
El sector empresario hizo una contraoferta de incrementos escalonados sujetos a la inflación: $245.000 en julio, $253.000 en agosto, $259.000 en septiembre y $264.000 para octubre.
Finalmente, el Gobierno resolvió en línea con la propuesta de las Cámaras Empresarias. El último aumento, que también lo definió el Ejecutivo por Decreto, fue del 15% y se aplicó en dos tramos, pagaderos en abril y mayo -según publica TN-.
Cómo serán los aumentos del salario mínimo
De acuerdo con lo decretado por el Gobierno, los aumentos del salario mínimo serán los siguientes:
-Subirá de $234.315 a $254.231,91 para los salarios de julio (un alza de 8,5% respecto al valor anterior).
-En agosto, alcanzará $262.432,93 (una suba mensual 3,2%).
-Para septiembre se incrementará a $268.056,50 (el aumento del mes es de 2,1%).
-El último aumento del cuatrimestre será en octubre $271.571,22 (un 1,3% más que el mes previo).
Con estos mínimos, dos salarios mínimos no alcanzarán para evitar que una familia de dos adultos y dos chicos supere la línea de pobreza, que según el INDEC es de $873.169.
Además, el Decreto detalló que para los trabajadores jornalizados los aumentos del valor de la hora serán:
-Partirá de $1271,16 en julio.
-Se elevará a $1312,16 en agosto.
-Alcanzará los $1340,28 en septiembre.
-Y el último aumento será en octubre, hasta los $1357,86.
El Consejo del Salario sesionó después del encuentro de la CGT con el secretario de Trabajo, Julio Cordero, que tuvo como eje las reformas laborales impulsadas por el Presidente Javier Milei.
Según confirmaron las Centrales Obreras que participaron (CGT y las dos CTA), reclamaron llevar el salario mínimo de los $234.000 actuales a $482.000 en julio y $505.000 en agosto, que “equivaldría a un aumento del 116% y conseguiría sacar al SMVM de la línea actual de indigencia” ($393.319).
El sector empresario contra ofertó incrementos escalonados sujetos a la inflación: $245.000 en julio, $253.000 en agosto, $259.000 en septiembre y $264.000 para octubre.
“La insensibilidad social por parte del sector empresario se traduce en los $245.094 que ofrecieron para el mes de julio, en contraposición con los $480.000 propuestos por la representación de los trabajadores. Esperamos que el Gobierno Nacional no convalide automáticamente esta vergonzosa oferta que pocas soluciones traería a los sectores que más lo necesitan”, afirmó la CGT en un comunicado.
El último aumento también lo definió el Gobierno por Decreto. Fue del 15% y se aplicó en dos tramos, pagaderos en abril y mayo. Así, el salario mínimo alcanzó los $234.315 en el quinto mes del año.
“Luego de dos horas de debate en la que se presentaron las distintas propuestas por ambos sectores, no se arribó a un dictamen en conjunto y los sectores mantuvieron sus propuestas iniciales, por lo que no se pudo alcanzar un acuerdo unánime. El titular del Consejo por parte de la Secretaría de Trabajo, Martín Huidobro, informó en la sesión plenaria este resultado y comunicó que próximamente este organismo informará el laudo correspondiente”, indicaron en el Ministerio de Capital Humano -del que depende la Secretaría de Trabajo- tras la reunión.
Cómo fueron las negociaciones
En la previa a la reunión del Consejo del Salario, las diferencias ya eran marcadas. Algunos Gremios reclaman un ingreso básico por encima de la línea de pobreza -que según el INDEC alcanzó los $873.169 en junio para una familia integrada por dos adultos y dos chicos-, pero finalmente llevaron el pedido concreto al 116%, para que supere la línea de indigencia, de $393.319 para el mismo hogar.
“Una vez más no hubo acuerdo y deberá laudar el Gobierno. Los empresarios ofrecieron el peor salario Mínimo, Vital y Móvil de los últimos 35 años”, denunció la CTA-Autónoma.
En caso de que el Gobierno laude lo ofrecido por los empresarios, dos salarios mínimos no alcanzarían para evitar que caiga (o siga) en la pobreza una familia de dos adultos y dos chicos ($873.169).
“Está claro que el Gobierno no hace absolutamente nada para evitar este torniquete que hacen los empresarios, que termina después con un laudo que por supuesto está casi en las cifras que quieren los empresarios. Así que la idea es denunciar esto ante la OIT (Organización Internacional del Trabajo)”, dijo a TN, Hugo Yasky, secretario de la CTA-T de los Trabajadores.
El secretario de Trabajo, Julio Cordero, convocó al triunvirato de la Confederación General del Trabajo (CGT) para una reunión el próximo martes.
“Este encuentro será a ‘agenda abierta’, en el marco del anunciado Consejo de Mayo. Apuntará a robustecer las relaciones y el diálogo tripartito entre el sector gremial, empresario y gubernamental”, señaló la cartera laboral a través de un comunicado.
La reunión convocada por Cordero se enmarca dentro de la agenda oficial de “Diálogo Social”, mencionaron desde el organismo dependiente del Ministerio de Capital Humano. Será a las 13 en la sede de la Avenida Leandro N. Alem 650, en la Ciudad de Buenos Aires.
La Central Obrera mantiene un tenso vínculo con el Presidente Javier Milei, que -como parte de su propuesta de desregulación económica- planteó una serie de modificaciones en las relaciones del trabajo.
La convocatoria oficial llega luego de que la mesa chica de la CGT mantuviera el último miércoles una reunión para definir un curso de acción luego de evaluar las implicancias del Pacto de Mayo sobre el ámbito laboral, y el alcance de las reformas incluidas en la Ley Bases y el paquete fiscal aprobados por el Congreso -según publica TN-.
En ese encuentro, la Central Obrera definió que no va a llevar a la Justicia el reclamo por la reversión del Impuesto a las Ganancias, pero habilitó a los gremios que la integran a que reclamen de manera individual.
Luego de presentar beneficios para el turismo, el Gobierno Nacional lanzará créditos para la compra de electrodomésticos para las familias de menores ingresos para impulsar la venta, tras una caída de más del 40% en el rubro.
El secretario de Energía, Eduardo Rodríguez Chirillo, anticipó que el Programa de financiamiento para la compra de electrodomésticos estará enfocado en familias vulnerables, y está pensado con el objetivo de que puedan acceder equipos con mayor eficiencia energética. En lo que va del año, hubo aumentos tarifarios que superaron el 1000%, como en el caso del gas.
El anuncio de financiamiento también tendrá en cuenta a las pymes, que por primera vez dejaron de tener la energía subsidiada, en un contexto de caída de las ventas. El financiamiento estará respaldado con créditos de organismos multilaterales.
La mala situación de las empresas de electrodomésticos
Recientemente, la consultora Vectorial reveló que en el sector de electrodomésticos y artículos del hogar: las ventas cayeron 45,3% en el primer trimestre de 2024 frente al último de 2023 y 40,1% a comparación del mismo período del año anterior.
El dato surge de un relevamiento especial que llevó adelante la consultora Vectorial. Asimismo, se ubicaron apenas 2,2% por encima del mínimo registrado al inicio de la pandemia.
Para realizarlo, desagregaron al rubro en cuatro grandes grupos: Línea blanca, Electrónica, Tecnología y Pequeños Electrodomésticos.
Según el informe, todos los segmentos mostraron caídas con respecto al primer trimestre de 2023: -40,9%, -50,0%, -42,8% y -36,6%, respectivamente.
A su vez, las compras de Electrodomésticos y Artículos del hogar realizadas con tarjeta (de débito y crédito) se redujeron un 26,2% con relación al mismo período del año anterior y un 15,3% con respecto al último trimestre de 2023.
La merma se detecta pese a la implementación de los Programas “Ahora”, primero y “Cuota Simple”, después. La participación de ambos sobre el total de las compras con tarjeta de crédito cayó del 20,3% al 14,9%.
Al mismo tiempo, las empresas dedicadas a la comercialización de electrodomésticos, que históricamente atendieron al segmento perceptor de ingresos no registrados, también redujeron las asistencias y los montos de las financiaciones otorgadas.
La caída de ingresos impactó en las ventas
Esta reducción, según entienden en el sector, se explicaría por la caída de los ingresos en el segmento no registrado del mercado laboral, el incremento de las tasas de interés visto hasta fines de 2023 y los elevados niveles de irregularidad de cartera.
La disminución de ventas registrada en el sector guardó relación con la disminución en términos reales del salario del sector registrado al inicio del Gobierno de Javier Milei en el mismo período. La pérdida fue de 15,7% desde diciembre a marzo.
Esto mismo mantuvo su correlato en CABA, donde las ventas durante el primer trimestre de 2024 cayeron 50,9%, mientras que en los 24 partidos del GBA y en el resto del país las ventas se redujeron, pero en porcentajes menores: -44,3% y -46,6%, respectivamente.
Respecto a la afectación de ventas por canal, los pequeños comercios y cadenas fueron los más afectados, registrando una caída del 80% durante el primer trimestre de este año.
Las ventas en grandes superficies comerciales, por su parte, se redujeron un 37,5%, comparadas con las del mismo trimestre de 2023 y un 47,1% con relación al último trimestre de 2023. La importancia del sostenimiento del comercio en línea quedó demostrada al representar casi el 32% de las ventas totales del sector para el período 2021-2023.
Si bien la consolidación del comercio electrónico como canal relevante representa una oportunidad, para la consultora Vectorial “el aumento de los costos logísticos podría representar un obstáculo para la comercialización en línea de aquellos productos con tickets más bajos”.
Con el ingreso de un nuevo frente frío, y cuando se esperan al menos una semana de días con registros invernales, el Gobierno y las empresas de energía buscan alternativas para evitar que falte suministro de gas y electricidad en momentos en que el consumo del fluido se disparó y la oferta está restringida. De esta forma, las industrias deben bajar los consumos al mínimo técnico.
El sistema energético está en la etapa de pre emergencia, que consiste en un monitoreo permanente con corte de suministro para los usuarios con contrato interrumpible, como son los que tienen algunas industrias y estaciones de GNC. Las nevadas que se registraron el jueves por la noche en la zona cordillerana, en Córdoba y San Luis, y las bajas temperaturas pronosticadas para los próximos días reforzaron las alertas en las oficinas oficiales y en las empresas transportadoras y distribuidoras de todo el país.
Cabe destacar que pese a la recesión, el consumo de gas residencial se duplicó respecto de mayo de 2023 y cuando todavía no se cuenta con el GNL importado por barco para reforzar la oferta nacional.
Tampoco llegaron los buques con combustibles líquidos (fueloil y gasoil) que CAMMESA salió a comprar esta semana para que las generadoras eléctricas reemplacen el gas utilizado en sus procesos y permitir una mayor oferta en lo que se espera sean picos de demanda – según publica TN-.
En principio se cortó el servicio a aquellos contratos interrumpibles y se mantendrán así hasta que pase la ola de frío. Ahora, por la evolución de la demanda, avanzaron en el siguiente paso: que las industrias con contrato firme reduzcan al mínimo su consumo para que no haya faltantes de gas en las viviendas ni tampoco cortes de luz.
Los motivos por los que hay escasez de gas
Este mayo está teniendo temperaturas más bajas de lo normal para el otoño, pero el cuello de botella se generó, porque no están concluidas las obras en las plantas compresoras del gasoducto de Vaca Muerta.
La finalización de esas tareas, en Neuquén y en la provincia de Buenos Aires, se retrasaron por el cambio de gobierno y recién hace unas semanas comenzaron a acelerarse. Se espera que en el corto plazo puedan inyectar al sistema otros 5 millones de metros cúbicos a los 11 millones de m3 disponibles hoy. En el sector dicen que si las plantas de Tratayén, Salliqueló y Mercedes se hubieran terminado en los plazos originales, Vaca Muerta ya estaría inyectando al menos 22 millones de m3 diarios.
Para completar lo que falta de gas están las compras de GNL al exterior, que se regasifican en la terminal de Escobar (hasta 2023 había otro barco en Bahía Blanca). La firma estatal Enarsa ya licitó 20 buques (la mitad de los que se compraron el año pasado) por un total de 1 millón de m3. La mayoría tiene fecha de amarre entre principios de junio y finales de agosto.
A meses del DNU que desreguló la economía, el Gobierno Nacional modificó parte del régimen de las tarjetas de crédito, de manera que algunas actualizaciones se suman a las implementadas en diciembre.
A través del Decreto 361/2024, publicado en el Boletín Oficial, el Ejecutivo estableció que no deberá mediar oposición del usuario de las tarjetas de crédito cuando el envío del resumen mensual se realice de forma electrónica.
De esta manera, también indicó que, en el caso de no recibir el resumen, la entidad financiera podrá notificar al usuario sobre sus gastos a través de una comunicación telefónica, electrónica o similar, siempre y cuando se cumpla el cometido.
Desde que asumió la gestión, el oficialismo implementó grandes cambios a los sistemas financieros, por lo que el régimen de las tarjetas de créditos sufrió modificaciones.
De hecho, en el considerando de la norma publicada, el Ejecutivo menciona que el Decreto 70/2023 plantea que “se debe reconstruir la economía a través de la inmediata eliminación de barreras y restricciones estatales que impiden su normal desarrollo, promoviendo al mismo tiempo una mayor inserción en el comercio mundial”.
En ese sentido, alega que las modificaciones al sistema de plásticos tienen como objetivo “realizar una fuerte desregulación y simplificación en el mercado de tarjetas de crédito, adecuándose a los cambios recientes en modalidades de relacionamiento y tecnologías de digitalización”.
Los cambios aplicados con el mega decreto estaban vinculados a las sanciones que el Banco Central podía llegar a imponer sobre las entidades financieras. A su vez, también estableció modificaciones en el sistema de deudores, conocido como el Veraz, y contempla también la eliminación de la distinción entre tarjetas físicas y virtuales.
De entrada, el artículo 14 del DNU borra nueve artículos de la Ley de Tarjetas que fijaban desde las condiciones de identificación que debe reunir un plástico para ser válido -una habilitación para emitir tarjetas sin titular explícito-, pasando por la forma en que tiene que estar redactado el contrato para la emisión de un plástico nuevo, la eliminación de sanciones para empresas emisoras, la reducción de obligaciones de información y hasta la derogación de la necesidad de informar mensualmente al regulador.
Con respecto al sistema de deudores, se levanta la prohibición de informar a las “bases de datos de antecedentes financieros personales” los incumplimientos de sus clientes. De esta manera, el Veraz será de acceso prácticamente libre para los emisores de tarjetas. Cualquier incumplimiento, por pequeño que sea, será conocido de inmediato por toda la industria financiera, lo que podría generar dificultades para los usuarios en caso de querer acceder a alguna otra tarjeta de otro banco.
El mega decreto también modificó la redacción vieja de la Ley que establecía que el emisor era de los plásticos podía ser una “entidad financiera, comercial o bancaria”, mientras que ahora el emisor puede ser “la entidad, de cualquier naturaleza, en tanto se encuentre previsto dentro de su objeto social, que emita Tarjetas de Crédito”. Así, permiten que más jugadores entren al sistema de tarjetas.
En otro punto, el DNU reemplaza el viejo artículo 15 que limitaba las comisiones que pueden cobrar a comercios y que regulaba las diferencias que podía hacer entre comercios del mismo rubro. También, ponía tope a los descuentos que puede aplicar a los comercios que cobran con tarjeta y al plazo en que debían pagarles. Todo ese texto desaparece y se reemplaza por otro que sólo obliga a los emisores a informar la tasa de financiación. Esto es un gran cambio para comerciantes.
El texto modificó también la regulación para los intereses punitorios. La ley establecía un tope del 50% por sobre la tasa de financiación. Ese tope desapareció, ya que los emisores podrán cobrar los punitorios que quieran a los usuarios. La única condición es que no podrán capitalizar esos intereses.
El clima de la reunión de gabinete del jueves en la Casa Rosada fue muy tenso. El Presidente respaldó a Luis Caputo ante el resto de sus ministros y lanzó una dura frase que desembocó en la salida del ministro de Infraestructura, Guillermo Ferraro.
“Los voy a dejar sin un peso”, dijo y repitió el Presidente, en referencia a los mandatarios provinciales.
Esa frase, que se difundió después de unas horas, surgió en respuesta de los dichos del titular de Economía, que lanzó una dura advertencia a los gobernadores al anticipar que si sus diputados no acompañan la aprobación de la Ley Ómnibus, se acabarán las partidas discrecionales del Poder Ejecutivo Nacional a las provincias.
Quién es Guillermo Ferraro, el primer ministro en dejar el Gobierno
El ministro de Infraestructura, Guillermo Ferraro, fue apartado de su cargo el jueves por la noche. Según lo trascendido, el Presidente Javier Milei se habría molestado por diversas filtraciones de información que el funcionario habría brindado a la prensa sin autorización sobre las reuniones de Gabinete.
El jefe de Gabinete, Nicolás Posse, provocó rispideces al interior del equipo de Gobierno cuando ubicó a Mauricio González Botto a cargo de la Secretaría de Empresas y Sociedades del Estado, un sector orquestado -en teoría-, por la cartera de Infraestructura que dependía de Ferraro.
“El ministro recientemente desvinculado había iniciado planes de inversión privada para la obra pública en reuniones con cámaras empresariales y sindicatos. También tenía a su cargo el área de transporte que lo obligaba a tener diálogo permanente con los gobernadores”, explicó el periodista Manuel Jove, al aire de TN.
Ferraro fue elegido por Milei como el ministro de Infraestructura a partir del 10 de diciembre. Es contador público y hasta hoy estuvo a cargo del ministerio que tiene cinco secretarías, entre las que se encuentran Energía, Transporte, Obras Públicas y Vivienda, Comunicaciones y Conectividad, y Minería.
El ahora exministro de Infraestructura ya había cumplido funciones públicas en el pasado. Fue subsecretario de Industria de la Nación entre los años 2002 y 2003, y luego de la crisis de 2001 trabajó en el banco regional Bisel, que luego fuera vendido a la banca privada nacional.
Esa no fue su única relación con la política. El licenciado en administración de empresas de la UBA fue presidente del CEAMSE durante el periodo 1997-2001, se desempeñó como Subsecretario de Informática y Telecomunicaciones de la Provincia de Buenos Aires, fue jefe de asesores de Antonio Cafiero en el Senado y también participó de la Convención Constituyente.
El vocero presidencial, Manuel Adorni, confirmó que el Gobierno no va a intervenir para controlar los precios pese a los altos niveles de inflación.
“No vamos a intervenir en precios”, sostuvo el funcionario en su habitual conferencia de prensa desde Casa Rosada. Ante la consulta de una periodista por la suba de la carne, Adorni reconoció que el país atraviesa “un proceso inflacionario”.
“La inflación afecta al que menos tiene“, sostuvo al tiempo que aseguró que “el Gobierno está usando todas las herramientas que tiene al alcance para cuidar a los más vulnerables“.
Carne: Cómo impactará en precios el fin de las restricciones para exportar
El Gobierno levantó la prohibición para exportar siete cortes “populares” de carne vacuna, que regía desde enero de 2022, entre los que se encuentran los “parrilleros”, como el asado, el vacío, la falda, el matambre y la tapa de asado, además de la nalga y la paleta.
De esta manera, desde el 1° de enero la industria frigorífica puede exportar los denominados “cortes preferidos frescos, enfriados o congelados”, que estaban vedados para su despacho al exterior por el Decreto 911/2021.
Esta medida, aseguran analistas, podría “tensionar” aún más el precio de la carne en el mercado interno. Un dato no menor, si se tiene en cuenta su incidencia dentro de la canasta básica y que, durante 2023, según distintos relevamientos privados, los distintos cortes vacunos aumentaron por encima del nivel de inflación general.
La inflación semanal que mide el Ministerio de Economía avanzó al 2,2% por segunda vez consecutiva, un registro alto que aceleró a la inflación de cuatro semanas del 8% al 8,4 por ciento. La medida, distinta a la del Indec pero más sensible en cuanto a datos de corto plazo, captó el boom de consumo preventivo que caracterizaron a los días previos a las elecciones presidenciales del domingo pasado. En el Gobierno confían que, una vez superados los comicios, el siguiente registro puede mostrar un ritmo de avance más acotado.
Cada viernes, desde agosto pasado, la Secretaría de Política Económica (SPE) del Ministerio de Economía, a cargo de Gabriel Rubinstein, publica su reporte de inflación mensual. La herramienta -un índice de inflación de “alta frecuencia”, como se llama a los índices que relevan precios en períodos menores a un mes- busca identificar tendencias de corto plazo y graficar la sensibilidad de los precios en momentos puntuales. No reemplaza al Índice de Precios al Consumidor (IPC) del Indec ni busca predecirlo.
“De acuerdo al relevamiento semanal que realiza esta Secretaría, en la semana que va del 16/10/2023 al 22/10/2023, los precios a nivel minorista habrían subido un 2,2%”, señaló el comunicado de Política Económica.
“En el relevamiento semanal, se destacan por subas mayores al promedio (2,2%), los rubros de Verduras (6,0% ), Carnes (3,3%) e Indumentaria (2,4%). En cambio, subieron por debajo del promedio Alimentos y Bebidas de almacén (1,9%) y Frutas (1,6%), mientras que los rubros regulados se mantuvieron estables”, detalló el informe -según publica Infobae-.
En cuanto a las fuerzas que movieron a los precios durante los días de relevamiento, el análisis hace hincapié en la incertidumbre previa a cada elección, que durante la semana pasada se tradujo en un boom de adelanto de consumo de familias y empresas que se stockeaban para cubrirse contra subas de precios futuras y una importante presión sobre los dólares financieros.
“La suba semanal del 2,2%, se dio en un contexto de importante incertidumbre preelectoral, caracterizada por subas en el valor de los dólares financieros e inquietud en muchos productores, comerciantes y consumidores”, destacó el informe.
“Esperaríamos que, en un entorno más calmo, la próxima semana pueda exhibir subas de precios un poco más acotadas”, concluyó.
En septiembre, el IPC del Indec marcó una suba del 12,7% en el nivel general de precios. El dato, de dos dígitos, siguió a un agosto en el que había avanzado 12,4% intermensual. A diferencia del Indec que compara promedios mensuales de inflación, el relevamiento de la Secretaría de Política económic registra variaciones semanales y compara subas acumuladas de cuatro semanas consecutivas, en lugar de meses calendario. El resultado es que el relevamiento de economía puede detectar picos mayores a los que muestra el Indec -la inflación de cuatro semanas superó el 15% después de las PASO de agosto- pero también puede mostrar desaceleraciones más extremas. La diferencia se da porque este índice refleja menor “arrastre estadístico”.
Con todo, después de desacelerar gradualmente hasta marcar 7,8% acumulado en cuatro semanas en la primera semana de octubre, el índice de economía aceleró dos veces consecutivas: primero al 8% y después al 8,4 por ciento.
“En el acumulado de 4 semanas, la suba de precios sigue en la zona del 8%”, se limitó a consignar Rubinstein a través de su cuenta de la red social X, anteriormente conocida como Twitter.
“Luego de los picos de agosto del orden del 15% (nuevamente, en el acumulado de 4 semanas), las subas de 4 semanas últimas han bajado, y en el registro de las 4 semanas previas al 22/10/2023, las subas han sido del 8,4%”, concluyó el informe.
El Gobierno informó que el índice de inflación semanal fue de 2,2% entre el 9 y 15 de octubre. Son estimaciones que realiza la Secretaría de Política Económica que dirige Gabriel Rubinstein. Desde esa cartera reconocieron que “la suba semanal ha sido más alta” de lo que esperaban hace siete días atrás y que fue influenciada por la “fuerte suba de los dólares financieros” y el blue, que superó los $1000 justo en ese lapso.
La primera semana de octubre había registrado un incremento del 2,3% y reflejó un incremento frente a los últimos días de septiembre. Para el Gobierno, la evolución de precios acumulada se ubicó en 8% promedio -según publica TN-.
En agosto, el Gobierno decidió publicar de manera semanal la evolución de precios. Las mediciones no reemplazan al dato oficial de inflación que difunde el INDEC de manera mensual, sino que buscan mostrar que la escalada post PASO se desacelera con el correr de las semanas.
Por su parte, el IPC oficial de octubre se conocerá el 13 de noviembre. Según las consultoras privadas, advierten que el dato de inflación seguirá arriba del 10%.
Cómo viene la inflación en octubre según Economía
De acuerdo con índice que elabora la Secretaría de Política Económica, la primera medición de octubre marcó 2,3% durante los primeros siete días del mes. Este viernes 20 de octubre, el Palacio de Hacienda difundió el nuevo dato de inflación semanal. En la segunda semana del mes, se ubicó en 2,2%.
Así, según los datos del Palacio de Hacienda, entre el 9 y el 15 octubre, alcanzó un valor del 2,2%, contra 2,3% de la previa y 1,7% de la anterior.
En el relevamiento semanal, se destacaron subas de mayor promedio que fue del 2,2% en las Frutas y verduras (9,4%). Mientras que los Alimentos y Bebidas se ubicaron en línea con el promedio semanal. En tanto, las categorías Indumentaria y Carnes se ubicaron por debajo con el 1,9% y 2,1% respectivamente.
Según el INDEC, en lo que va del año, el Índice de Precios al Consumidor (IPC) acumuló un 103,2%, en tanto en la medición interanual se ubicó en el 138,3%.
En tanto, para las consultoras privadas estiman que la inflación promedio mensual del último cuatrimestre de 2023 estará entre 11% y 11,5%, para redondear el año con un alza de entre 175% y 180% en los precios.
