Radio de Camioneros

DOMINGO 01 DE JUNIO, 2025

César Romero es un vecino del Barrio Rodríguez Peña. Su hijo de tan solo 1 año y medio fue internado de urgencia en el Hospital Regional tras sufrir un cuadro de hipotermia por no contar con gas en el domicilio. “Es muy feo que nos sigan poniendo excusas para no colocarnos gas en nuestra casa. La Municipalidad de Comodoro Rivadavia no colaboró en nada”, aseveró.

En este sentido, señaló -en diálogo con Radio de Camioneros– que “hoy le dieron el alta a mi hijo. Por suerte ya está mejor pero hay que seguir con los cuidados que nos dijo el médico”.

“Nosotros necesitamos tener gas en nuestra casa. Nuestros hijos no aguantan este frío. Es muy feo que nos sigan poniendo excusas para no colocarnos el gas”, dijo.

Asimismo, aclaró que “tenemos que estar al límite con la muerte de mi hijo para que queden expuestas estas irregularidades. La Municipalidad de Comodoro Rivadavia no colaboró en nada”.

“Lo que más pedimos es leña para poder calefaccionarnos”, indicó.

En este marco, destacó que “nosotros tenemos el terreno desde el 2016. Nos prometieron que iban a colocar los servicios y nunca cumplieron”.

“Yo soy cocinero y panadero. Busco trabajo fijo para poder sostener a mi familia. Cualquiera que pueda ofrecerme un empleo, mi número de teléfono es 297-5026850”, concluyó Romero.

El especialista en derechos de la energía, Marcos Rebasa, aseguró que el viento no es un recurso natural, es un bien de la humanidad. “Lo único que se puede tener en cuenta como recurso es el suelo, no el viento” y sentenció que en la actualidad “no podemos vivir de las energías renovables”.

En este sentido, señaló -en diálogo con Radio de Camioneros– que “Chubut está peleando por quedarse con la energía de Futaleufú”.

“Hay un acuerdo que avala la administración de recursos energéticos para la Provincia y no se está respetando”, dijo.

Asimismo, aclaró que “el viento no es un recurso natural, es un bien de la humanidad. Lo único que se puede tener en cuenta como recurso es el suelo, no el viento”.

“Aluar hizo sus riquezas y aprovechó mucho los recursos de Chubut. Ahora tiene que tener un gesto de devolución con las Cooperadoras”, indicó.

Finalmente, Rebasa recordó: “No podemos vivir de las energías renovables en la actualidad. Debemos pensar en una transición energética de acá a 20 años. El gas va a ser el recurso que más vamos a utilizar”.

En medio de las negociaciones por las tarifas, uno de los temas clave en el principio de acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI), se dio a conocer que el Gobierno podría otorgar aumentos a las empresas distribuidoras del 40% por el servicio de distribución. Esto podría representar una suba de 20% en factura final que pagan los usuarios.

El porcentaje final se conocerá una vez que el Enargas publique los cuadros tarifarios correspondientes que entrarán en vigencia durante Marzo –según publica Infobae-. Esta semana, la empresa Distribuidora de Gas Cuyana —una de las compañías que operan en el segmento de la distribución— informó en una carta a la Bolsa de Comercio que recibió un proyecto del ente donde se aprobarían incrementos en la tarifa de distribución (diferenciados por categoría de usuario) con un impacto promedio de alrededor del 40%.

La factura final que reciben los usuarios está compuesta por varias variables: el precio del gas, los costos del servicio de transporte y distribución y los impuestos y tasas. En la última audiencia del 18 de enero, se debatieron las propuestas para la tarifa del servicio público de transporte de gas natural y del servicio público de distribución de gas por redes. Pero no se trató el precio de gas, sino las tarifas de transición, de transporte y distribución.

En la factura, un 41% corresponde al costo de producción de de gas, un 11% al transporte, un 24% a la distribución y un 24% a los impuestos, según datos de Adigas, la cámara que agrupa a las distribuidoras.

Las distribuidoras consideraron que con un incremento del 80% en el margen de distribución, los usuarios residenciales que reciben tarifa plena tendrían incrementos por debajo de la inflación anual (de alrededor del 30%) que representan unos $20 por día de servicio.

Desde el Enargas señalaron que el porcentaje de aumentos aún no está definido y que se dará a conocer con la publicación de los nuevos cuadros tarifarios en el Boletín Oficial. Las empresas también señalaron que la propuesta de aumentos aun no fue confirmada.

Por otro lado, el pasado 31 de enero hubo otra audiencia pública para definir el porcentaje del precio del gas natural por redes que el Estado toma a su cargo y cuánto se va a trasladar al precio final que pagan los usuarios, que es definido por la Secretaría de Energía.

Según la presentación de los funcionarios de la secretaría, si se mantiene el actual nivel de subsidios, donde el Estado cubre el 70,9% del precio del gas, el costo fiscal es de $216.365 millones sobre un total de $305.179 millones. Esta situación, de acuerdo a las estimaciones de la Secretaría de Energía, genera una necesidad adicional de fondos de $81.000 millones. En tanto, si el Gobierno reduce los subsidios al 44,4%, ya no requiere de partidas adicionales.

De acuerdo al análisis oficial, esa reducción en los subsidios, implicaría una suba en las tarifas de 34% a 35% en la factura de marzo (de acuerdo a la empresa distribuidora que corresponda) y del 47% al 49% en julio, el mes de mayor demanda.

Con todo, el secretario de Energía Darío Martínez anticipó que la pauta oficial del Gobierno es que las tarifas de los servicios suban un 20% durante 2022.

Las empresas transportadoras y distribuidoras de gas presentaron esta semana sus propuestas de actualización de los cuadros tarifarios para aplicar a partir de Marzo de este año, con subas que pueden tener un impacto de 30% aproximadamente en la factura que reciben los usuarios. Es un paso previo a la audiencia pública convocada por el Ente Nacional Regulador del Gas (Enargas) que se realizará el 19 de Enero y donde se definirán los futuros aumentos.

El costo final de las tarifas incluye varios componentes: el costo de transporte y distribución, el precio del gas y los impuestos. Además, para la facturación y la aplicación de los conceptos tarifarios, hay ocho categorías distintas en función de los rangos de consumo de cada cliente –según publica Infobae-.

Entre las empresas del sector de distribución, donde operan entre otras Metrogas, Naturgy y Camuzzi, los aumentos pedidos van entre 76% y 83%. De esos porcentajes, aproximadamente un tercio se traslada al precio final de las facturas que reciben los usuarios. En caso de que se aprueben esos pedidos, estaría algo por debajo del 30%. Estas empresas pudieron incrementar sus ingresos un 26% en 2021, poco más de la mitad de la inflación anual estimada para el cierre del año.

En el caso de Naturgy, por ejemplo, la empresa solicitó un aumento en la tarifa de distribución del 82,9%. La cifra, según explicaron en su presentación al Enargas, surge de considerar un promedio de inflación anualizada de 50,5%, equivalente a la inflación promedio del período febrero 2019 a febrero 2022 más el efecto del IPIM (precios internos mayoristas) del 53,1% y compensado por el incremento otorgado de 26% en 2021. Según detallaron en la empresa, esto representa una suba del 29,43% en las facturas, con un promedio de $533 por mes.

En Diciembre de 2019, el Gobierno de Alberto Fernández, a través de la Ley de Solidaridad Social y Reactivación Productiva, facultó al Poder Ejecutivo Nacional a iniciar un proceso de renegociación de la Revisión Tarifaria integral (RTI) del Gobierno de Mauricio Macri, que aún no finalizó. Por eso se habla de cuadros tarifarios de transición. La RTI del Gobierno anterior, ahora suspendida, preveía un ajuste semestral de tarifas de acuerdo a la evolución del Índice de Precios Internos Mayoristas (IPIM).

“El último reconocimiento inflacionario, incluyó la variación del IPIM hasta Febrero 2019, acumulando entonces un déficit de actualización tarifaria que a hoy se eleva al 241,1%, el que sumado al IPIM no aplicado en Octubre de 2018 del 10,9% y tomando a cuenta el 26% otorgado en el margen de distribución desde Junio de 2021, arroja un ajuste neto remanente por la no aplicación del IPIM otorgado en la RTI Vigente de 2017 de un 200,2%”, detalló la empresa Naturgy en su presentación.

La semana pasada, el secretario de Energía Darío Martínez anticipó que la corrección tarifaria será del 20% en las facturas de gas para todos los usuarios. “En nuestro Gobierno las correcciones tarifarias siempre serán menores que los aumentos de los salarios de las y los trabajadores, de las jubilaciones, de la AUH y las asignaciones familiares”, señaló el funcionario.

Además, anticipó que se aplicará una herramienta de segmentación de subsidios de acuerdo a los niveles de ingreso de los usuarios. Según trascendió, pagarán la tarifa plena usuarios que, por ejemplo, vivan en propiedades donde el valor del metro cuadrado supera los USD 3.700.

Con todo, la empresa Naturgy advirtió sobre los problemas de la tarifa diferenciada para el caso de los grandes usuarios. “Ante un eventual incremento tarifario diferencial, las tarifas de los grandes usuarios están al límite de poder aceptar una tarifa diferenciada, después del incremento del 90% aplicado en Junio de 2021″, indicó en su presentación.

En el caso de las empresas transportistas, las tarifas se mantuvieron congeladas en los últimos dos años. El último aumento fue en marzo de 2019. La empresa TGN, que opera los dos sistemas de gasoductos de las regiones Norte y Centro-Oeste y representa el 40% del gas inyectado, propuso un aumento transitorio de la tarifa de transporte a partir del 1º de marzo de 2022 del 87,4%.

Según la presentación de la empresa, esa suba en la tarifa de transporte representa para un consumidor residencial promedio (del área de Metrogas con tarifa plena) un aumento de $1.041 por mes a $1.186$ por mes. “Es decir tendrá un aumento de $145 en su factura, de los que $110 se deben al transporte y $35 al aumento de los impuestos asociados. En términos porcentuales el aumento es del 14% correspondiendo un 10,6% al transporte y un 3,4% a los impuestos”, precisaron.

“En Marzo de 2022 se cumplirán 3 años del último incremento tarifario en un contexto de inflación alta y creciente. El transporte es el único componente del servicio de gas que no tuvo una recomposición económica en 2021. Según surge de los Estados Financieros el congelamiento tarifario ha llevado a TGN a acumular en los primeros 9 meses de 2021 una pérdida operativa de $2.021,7 millones”, detallaron.

Por su parte, la compañía TGS, que transporta el 60% del gas natural consumido en la Argentina, solicitó un incremento de transición del 80% para Marzo y del 25% para Septiembre de 2022. “El atraso tarifario como consecuencia de la no aplicación del ajuste por IPIM, previsto en la regulación, asciende al 205% al mes de Noviembre de 2021. Si consideramos una inflación estimada del 4% mensual para los meses de Diciembre 2021, Enero y Febrero 2022, el ajuste tarifario no aplicado ascendería al 243%, para el período de 3 años que va de Marzo 2019 (último índice aplicado en las tarifas) hasta el mes de Febrero 2022″, indicó la empresa.

La compañía precisó que el costo de transporte es el que tiene menos peso en la factura final que reciben los usuarios (un 12% para clientes de Metrogas, por ejemplo). Los aumentos propuestos, si son aprobados, los usuarios de la categoría R.1 (el 50% del total de los usuarios residenciales con un consumo promedio de 220 m3 al año) pasarían a pagar $38 más en promedio por mes en concepto de transporte, sin impuestos.

Para la categoría R 2.3 (10% del total de los usuarios residenciales) el impacto del incremento representa la suma de $155 promedio por mes. Y para la categoría R 3.4 (la de mayor consumo) el incremento propuesto representa $496 promedio por mes, siempre en concepto de transporte, sin impuestos.

Las empresas que presentaron sus propuestas esta semana al Enargas fueron Transportadora de Gas del Sur (TGS); Transportadora de Gas del Norte (TGN); Litoral Gas; Metrogas; Distribuidora de Gas Cuyana; Gasnor; Camuzzi; Distribuidora de Gas del Centro; Naturgy; GasNea y Redengas.

Luego de mantener las tarifas de luz y gas congeladas durante 2020 en el marco de la Emergencia Económica, y de avanzar con aumentos de 6% para el gas y 9% para la electricidad, en 2021, el Gobierno prevé un incremento del 20% en promedio para ambos servicios a partir de 2022 para los usuarios residenciales. No obstante, como consecuencia de la segmentación de tarifas que anunció el ministro de Economía Martín Guzmán, los usuarios que a criterio del Gobierno puedan afrontar el costo total del gas y la luz no contarán con subsidio y pagarán la tarifa total.

Según confirmaron fuentes de la Secretaría de Energía a Infobae, el aumento de tarifas será anunciado por el Gobierno Nacional entre enero y febrero y regirá para todo el país y por todo el año.

La segmentación de las tarifas, que tuvo grandes problemas en su instrumentación, se comenzará a aplicar el año próximo, de acuerdo a lo que afirmaron tanto el ministro de Economía, Martín Guzmán, como el secretario de Energía, Darío Martínez, durante la presentación del Presupuesto 2022, que finalmente fue rechazado por la oposición.

“Se está trabajando de manera articulada desde la Secretaria de Energía con el Ministerio de Economía, proyectando la continuidad del crecimiento económico en la Argentina y apuntando a una recomposición tarifaria entre el 17 y el 20% en todo el país”, afirmaron fuentes oficiales.

Ese techo del 20% no aplicará para los usuarios que, a criterio del programa de segmentación que están elaborando el Enargas y el Enre, estén en condiciones de afrontar el pago pleno de la tarifa. En esos casos, el aumento será mayor al 20% y podría llegar en algunos casos a no tener ninguna clase de subsidio en sus facturas.

Las fuentes añadieron que el 20% de aumento promedio para los hogares debe tomarse como “pauta del aumento tarifario del Gobierno para 2022″ y que el criterio oficial para el año próximo es que todo aumento tarifario esté por debajo de la inflación.

Por otro lado, tanto la Secretaría de Energía como los reguladores están trabajando en sintonía con el Ministerio de Economía en el marco de las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional (FMI). El organismo crediticio exige reducir el déficit fiscal y, en consecuencia, el nivel de subsidio que existe por ejemplo sobre las tarifas de energía.

Con respecto a los pedidos del Fondo para reducir subsidios, las fuentes destacaron que es el ministerio de Economía el encargado de llevar a cabo las negociaciones, aunque afirmaron que el trabajo que vienen realizando está alineado con las pautas fijadas por el Gobierno Nacional.

El contexto del sector energético

Las fuentes consultadas recordaron que el Gobierno, en el marco de las restricciones de la pandemia, en 2020, decidió congelar las tarifas de los servicios públicos de manera tal de no incrementar la complejidad económica social que ya venía complicada por la pandemia.

Destacaron que durante ese año, en el sector eléctrico pero también en el del gas se vio muy afectada la cobrabilidad de las distribuidoras eléctricas y el de las mismas a la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico (Cammesa). Situación que en 2021 se fue recomponiendo en base a una política de la Secretaría de Energía que fue mantener estables el precio de la energía eléctrica y del gas de manera tal que las distribuidoras de todo el país pudieran recomponer su capital de trabajo y normalizar la cadena de pagos del sector.

“En el sector eléctrico esa política estuvo acompañada por una herramienta que fue incorporada en el Presupuesto 2021, que es el artículo 87, en el marco del cual se fueron dando distintos acuerdos entre la Secretaría de Energía y las distribuidoras de todo el país para que normalizaran el pago a Cammesa y regularizaran su deuda acumulada durante el año anterior”, destacaron las fuentes.

Y añadieron que ese artículo y la reglamentación que aplicó la Secretaría de Energía permitieron innovar en el tratamiento de las deudas de los distribuidores con Cammesa, que históricamente se condonaban. “En este caso lo que se hizo fue implementar un programa de inversión por canje de deuda y aliviar el peso económico que dejó la pandemia sobre los usuarios en todo el país. Canjeando parte de la deuda que acumulaban los usuarios por el impacto de la pandemia y la caída de la actividad y de los ingresos de los hogares, neteándolo con la deuda de las distribuidoras con Cammesa”, detallaron.

“Eso permitió aliviar el peso económico que dejó la pandemia sobre los hogares y la actividad industrial y comercial y a la vez impulsar un plan de inversiones en el segmento de distribución que hoy se está implementando en todo el país”, afirmaron.