DOMINGO 18 DE MAYO, 2025

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El abogado defensor del empresario Roberto Monasterolo en la causa Emergencia Climática, Fabián Gabalachis, habló sobre el desarrollo del juicio. “Mi cliente se declara inocente y sostiene que el razonamiento que hace el Tribunal es por fallos administrativos y no por fraude al Estado. Fue en el marco de un desorden, a convocar a todos a ayudar”, sostuvo.

En este sentido, señaló -en diálogo con Radio de Camioneros– que “yo no soy de Comodoro y no viví la catástrofe, pero si advertí que acarreó una sensibilidad especial en el tratamiento del tema. se notaba una connotación muy fuerte en la causa que no fue ajena en el tribunal”.

“De todas las personas imputadas solo dos fueron desvinculadas, una de ellas las representaba yo, la otra persona que era Roberto Monasterolo que fue condenado a cinco años de prisión”, dijo.

Asimismo, aclaró que “yo plantee que esa pena a Monasterolo no estaba ajustada a derecho. Se encontraron seis de ocho motivos de impugnación, por eso presentamos la queja, aunque no prosperó y se confirmó la pena”.

“Uno es respetuoso de las decisiones judiciales, por lo que seguiremos por esa vía”, indicó.

En este marco, destacó que “el proceso puede seguir con las personas en libertad porque han demostrado que no se quieren fugar, fueron colaborativos con el proceso judicial. El Tribunal de Juicio no lo entendió así y por eso mantuvieron la preventiva”.

“Nosotros podemos apelar ante otro Tribunal, que está integrado por otros dos jueces de Esquel. Eso nos daba una corriente de aire fresco por lo emocional de lo que fue este caso, pero los magistrados consideraron que la resolución era correcta”, afirmó.

A su vez, resaltó: “Para el marco jurídico de Chubut esta resolución no está firme, incluso tampoco estaría con la intervención del MPF porque quedaría la instancia de la Corte Suprema. Monasterolo fue declarado autor de fraude a la administración pública. La explicación de la sentencia va a ser emitida el 15 de enero, esto no es normal tampoco porque está la feria judicial”.

“Mi cliente se declara inocente y sostiene que el razonamiento que hace el Tribunal es por fallos administrativos y no por fraude al Estado. Fue en el marco de un desorden, a convocar a todos a ayudar”, explicó.

Finalmente, Gabalachis recordó: “Cuando hubo que emprolijar todo se trató de emparchar rápido y no fue nada prolijo, se pidió documentación que las empresas no tenían y se completaron los formularios de manera desprolija. Estas anomalías eran de carácter administrativa y no para engañar al Estado”.

El abogado defensor de los empresarios Julián Astíz y Roberto Monasterolo, Fabián Gabalachis, habló sobre la sentencia en la causa denominada Emergencia Climática. “El Tribunal condenó a diez de los trece acusados, de esos diez, a siete les impusieron penas que por el monto son de cumplimiento efectivo. Si la pena queda firme la deberán cumplir en un establecimiento penitenciario”, aseveró.

En este sentido, señaló -en diálogo con Radio de Camioneros– que “de Astíz, que fue sobreseído, fui defensor desde que se inició el proceso y en el caso de Monasterolo asumí unos días antes del juicio oral”.

El Tribunal condenó a diez de los trece acusados, de esos diez, a siete les impusieron penas que por el monto son de cumplimiento efectivo. Si la pena queda firme la deberán cumplir en un establecimiento penitenciario”, dijo.

Asimismo, aclaró que “no así para los tres imputados que les dieron una pena condicional. Eso es una primera instancia y la ley exige que la pena sea requisada si la parte lo pide, eso se lo llama doble conforme, un Tribunal superior a este es quien lo revisa”

“El Tribunal hizo lugar al pedido de la defensa, por lo tanto, ahora viene un proceso de impugnación en donde se va a revisar si la sentencia es correcta y en caso de ser así, si la sanción es correcta”, indicó.

En este marco, destacó que “después ocurre que se confirme en su totalidad, la otra es que esté mal y se absuelva a todos y una tercera opción es que se diga que una parte de la sentencia está bien y la otra no”.

No tengo dudas que de acá a fin de año este fallo va a cumplir con esa característica del doble conforme, es decir que un Tribunal superior lo va a revisar. Para que la sentencia quede firme hay que agotar todas las vías”, afirmó.

“La teoría del caso del MPF es que en el marco de la emergencia sobre facturaron -a través de una connivencia con los funcionarios públicos- horas de máquinas, por eso se los condenó”, aseveró el abogado.

Se consideró que hubo un monto de horas de trabajo que no pudieron ser acreditadas y que eso generó un perjuicio, por eso se dispuso que deben hacer una restitución de una determinada suma de dinero”, expresó.

A su vez, resaltó: “El criterio en esta causa fue escandaloso, en el resto de las causas podemos estar conformes o desconformes con algunas cosas, pero en esta tuvieron un recurso procesal bastante ajustado al derecho”.

“En el marco del proceso solicitamos la suspensión del juicio a prueba y eso significaba que los empresarios devolvían el dinero en su totalidad. Eso tuvo acogida favorable del MPF e implicó un esfuerzo grande por parte de los imputados. Yo soy prudente a la hora de hablar de cómo intervino la política en este caso. Estoy acostumbrado a escuchar que cada vez que defiendo a un funcionario dicen que es una causa política”, explicó.

No tengo el mínimo elemento para decir que acá está involucrada la política. La estrategia está clara porque no hay sorpresas, desde un comienzo nos opusimos e hicimos las reservas para generar el agravio en la impugnación”, concluyó Gabalachis.

El abogado Fabián Gabalachis, se refirió a la situación judicial de la ex ministra de Familia de Chubut, Cecilia Torres Otarola. “Hay que hacer una división en lo que es jurídicamente incorrecto y lo que es éticamente incorrecto. No podemos desconocer que en el ámbito legislativo hay asesores que son amigos, parientes y eso está autorizado en el programa de Legislatura”, destacó.

En este sentido, señaló -en diálogo con Radio de Camioneros– que “la situación de Cecilia Torres Otarola está previa a la sustanciación de un juicio donde finalmente se va a dilucidar si es responsable o no de los hechos”.

Hay que hacer una división en lo que es jurídicamente incorrecto y lo que es éticamente incorrecto. No parece que la tarea legislativa o cuestiones relacionadas con la administración pública sean lo ideal en materia de contratación”, dijo.

Asimismo, aclaró que “no podemos desconocer que en el ámbito legislativo hay asesores que son amigos, parientes y eso está autorizado en el programa de Legislatura en materia de reglamentación”.

“Lo mismo pasa en el ámbito de la administración pública, existen cargos que se pueden realizar fuera del ámbito de trabajo, y ni hablar si el periodo de tiempo fue en pandemia por COVID”, indicó.

Finalmente, Gabalachis recordó: “Estas cuestiones que parecen antipáticas que chocan, no son delitos. Tenemos la mirada puesta ahí si fue delito o no, no si es aceptada socialmente”.