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La referente de la Subcomisión de Familia del Observatorio del Sistema de Justicia del Colegio Público de Abogados de Comodoro Rivadavia, Adriana Ávila Torrente, se refirió a las demoras excesivas que hay en los procesos. “Comodoro cuadriplica los casos del resto de la Provincia, por lo tanto, no nos pueden medir con Madryn, Trelew o Esquel. Quieren mantener una situación que no funciona en todo el país”, manifestó.
En este sentido, señaló -en diálogo con Radio de Camioneros- que “nosotros somos el fusible entre los reclamos de los padres y el Juzgado de Familia, y con las demoras que hay de parte de la Justicia nos sentimos maltratados por ambas partes”.
“Yo no puedo esperar 60 días para que programen una audiencia en donde se debe establecer un régimen comunicacional. Es inexplicable. Necesitamos personal idóneo”, dijo.
Asimismo, aclaró que “Comodoro cuadriplica los casos del resto de la Provincia, por lo tanto, no nos pueden medir con Madryn, Trelew o Esquel. Quieren mantener una situación que no funciona en todo el país”.
“Si hay decisión política el próximo gobierno lo puede modificar. Es una barbaridad que se tiene que terminar porque llevamos dos años con este reclamo”, indicó.
Finalmente, Ávila Torrente recordó: “Nosotros somos abogados, no estamos acostumbrados a hacer este tipo de cosas. Estamos para resolver conflictos, no para generarlos”.
El vicepresidente de la Coordinadora Nacional de ex agentes de YPF, Ángel Garro, denunció que hay Estudios Jurídicos que quieren ‘estafar’ a ex trabajadores. “La gente cree que toma un atajo y en realidad cae en una trampa. De los 36 mil que arrancamos con este reclamo un 30% habrá cobrado, queda todavía un gran porcentaje sin cobrar y ahí es donde ellos (por los Estudios Jurídicos) ven una tajada”, resaltó.
En este sentido, señaló –en diálogo con Radio de Camioneros- que “hay Estudios Jurídicos que están asesorando a la gente y cobrando comisiones para hacer trámites que directamente los mismos compañeros pueden hacer”.
“A la gente le están llegando con media verdad”, dijo.
Finalmente, Garro recordó: “La gente cree que toma un atajo y en realidad cae en una trampa. De los 36 mil que arrancamos con este reclamo un 30% habrá cobrado, queda todavía un gran porcentaje sin cobrar y ahí es donde ellos (por los Estudios Jurídicos) ven una tajada”.