La diputada provincial Andrea Aguilera explicó que el proyecto enviado por el Ejecutivo apunta a regular el uso de teléfonos en unidades de detención, ante el աճo de estafas, amenazas y organización delictiva desde el interior de las cárceles. Aseguró que no se prohibirá el contacto con familiares ni defensores, sino que será “ordenado y controlado”.
En diálogo con el programa “Nunca Es Tarde” de Radio de Camioneros 90.3, la diputada provincial Andrea Aguilera brindó detalles sobre el proyecto de ley impulsado por el Ejecutivo para controlar el uso de teléfonos celulares en las cárceles de Chubut, una iniciativa que ya ingresó en comisión y comenzará a debatirse en reuniones informativas.
La legisladora señaló que el objetivo principal es “poner fin a una situación que se repite en todo el país”, en referencia a la utilización de celulares dentro de las unidades penitenciarias para cometer delitos. Según indicó, se han detectado casos de estafas, amenazas, extorsiones e incluso planificación de fugas realizadas desde el interior de los lugares de detención.
“Las cárceles se han convertido en verdaderas oficinas del delito, en algunos casos casi como un call center desde donde se continúa con la actividad delictiva”, afirmó Aguilera.
En ese sentido, aclaró que la iniciativa no busca prohibir la comunicación de las personas privadas de libertad, sino establecer un sistema regulado. “No se impide el contacto con familiares, defensores o asistencia profesional. Lo que se pretende es que esa comunicación sea legal, controlada y con protocolos claros”, explicó.
El proyecto contempla la implementación de mecanismos de control, como la autorización de números específicos, horarios de uso y supervisión por parte de las autoridades. Además, se analizarán distintas herramientas tecnológicas, aunque Aguilera advirtió que algunas, como los inhibidores de señal, han presentado inconvenientes en otras provincias.
Para enriquecer el debate, la Legislatura convocará a distintos actores del sistema judicial y de seguridad, entre ellos el Ministerio Público Fiscal, la Defensa Pública, autoridades penitenciarias y especialistas en la materia. “Queremos escuchar todas las voces y construir la mejor herramienta posible, que sea efectiva y aplicable a la realidad de Chubut”, sostuvo.
La diputada también remarcó que el problema se agravó tras la flexibilización del uso de celulares durante la pandemia, lo que derivó en un incremento de delitos como la sextorsión a través de redes sociales, muchas veces originados desde cárceles.
Las primeras reuniones informativas están previstas para el 30 de marzo y el 8 de abril. Luego de ese proceso, el proyecto podría avanzar hacia su tratamiento en el recinto.
“Lo que hay que terminar es con la clandestinidad y el uso del celular para delinquir, no con la comunicación legítima de los detenidos”, concluyó Aguilera.
