La especialista en cambio climático, Antonella Risso, habló en Malas Lenguas y analizó la reciente modificación de la Ley de Glaciares de Argentina y advirtió sobre un escenario de fuerte conflictividad judicial, al considerar que el texto aprobado “rompe con el piso mínimo de protección ambiental”.
Risso, quien participó de las audiencias en el Congreso, coincidió con la presentación judicial impulsada por el gobernador de La Pampa, Sergio Ziliotto, al sostener que el planteo de inconstitucionalidad “es sólido” y responde a una preocupación compartida por especialistas.
“Lo que dijimos en la audiencia pública es que si se votaba el texto tal cual, al otro día se iba a llenar de demandas. Y eso es exactamente lo que está pasando”, afirmó.
Riesgos sobre el control ambiental
Uno de los principales cuestionamientos apunta al rol técnico en la protección de los glaciares. Según explicó, la nueva normativa debilita la función del IANIGLA, organismo científico encargado del inventario glaciar.
“El proyecto permite que las provincias presenten informes para modificar el estatus de áreas protegidas, pero sin un control real del organismo técnico. Eso abre la puerta a decisiones políticas sobre cuestiones científicas”, advirtió.
En ese sentido, sostuvo que esto puede generar criterios distintos entre provincias y afectar especialmente a las zonas “río abajo”, que dependen del uso del agua en territorios donde nacen los cursos hídricos.
Debate constitucional y conflicto federal
Risso remarcó que el eje del conflicto radica en la tensión entre el artículo 41 de la Constitución Nacional que establece presupuestos mínimos de protección ambiental y el dominio provincial de los recursos naturales. “Este proyecto rompe con ese piso común de protección. Y eso es lo que se está cuestionando judicialmente”, señaló.
Además, anticipó que el tema podría escalar hasta la Corte Suprema, mientras tanto se busca frenar la aplicación de la ley mediante medidas cautelares.
Críticas al proceso legislativo
La especialista también cuestionó la forma en que se avanzó con la reforma, al considerar que se desestimaron instancias técnicas y de consenso. “Había alternativas para hacer esto bien, con un proceso técnico y participación de especialistas. Pero eligieron un camino que genera conflicto ambiental de gran escala”, afirmó.
Impacto y escenario futuro
Finalmente, Risso alertó sobre las consecuencias a largo plazo, no solo en términos ambientales sino también jurídicos.
“Estamos hablando de reservas estratégicas de agua. No es cualquier recurso. Si la protección depende de decisiones políticas, se pierde seguridad jurídica y ambiental”, concluyó.
