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Pedido de informes por el caso Ángel: apuntan a fallas en los sistemas de protección

24 DE abril DE 2026

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La concejal Mariela Tamame presentó un pedido de informes dirigido a los servicios de protección de derechos de la provincia, tras el caso de Ángel ocurrido en Comodoro Rivadavia y vinculado a la Escuela N° 21.

La solicitud apunta a esclarecer el accionar de los organismos que dependen de la Secretaría de Desarrollo Humano, ante lo que la edil consideró como posibles fallas en la intervención estatal.

“Indudablemente algo no se hizo bien y necesitamos revisar los protocolos”, sostuvo Tamame, quien remarcó la necesidad de garantizar que haya personal suficiente y recursos adecuados para abordar este tipo de situaciones.

En ese sentido, advirtió que el Servicio de Protección de Derechos en la ciudad ha sido intervenido en varias oportunidades y que existen antecedentes de falencias que incluso tomaron relevancia a nivel nacional.

Revisión de protocolos y recursos

La concejal insistió en la importancia de analizar en profundidad los mecanismos de actuación para evitar que hechos similares vuelvan a repetirse.

“El cuidado de nuestras niñeces tiene que ser prioridad. No es un gasto, es una inversión”, afirmó, al tiempo que subrayó la necesidad de fortalecer tanto los recursos humanos como materiales para que profesionales como psicólogos, trabajadores sociales y operadores puedan desempeñar su tarea de manera efectiva.

“Se rompió la cadena de intervención”

Tamame también planteó la necesidad de determinar en qué punto falló el sistema. “Tenemos que saber cómo pasó y dónde se rompió la cadena de intervención. Son varios los eslabones que deben haber fallado”, señaló.

Además, hizo hincapié en que el foco debe estar puesto en la protección de los derechos del niño, independientemente de quiénes estén involucrados en cada caso.

El rol de la escuela y el seguimiento

Respecto a la situación en la Escuela N° 21, la concejal remarcó la importancia de analizar si existieron controles y seguimientos adecuados.

“Hay que saber si estos chicos tenían seguimiento en la escuela, si los docentes intervenían y si el servicio de protección estaba actuando como correspondía”, indicó.

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