El representante del Consejo de Bienestar Policial en Chubut, sargento primero Luis Suárez, , denunció al ex ministro de Seguridad de Chubut Federico Massoni ante la Unidad Especializada en Delitos contra la Administración Pública, por maniobras administrativas destinadas a “privatizar” las plantas de verificación técnica vehicular correspondientes a la Policía de la Provincia.
La denuncia penal por el fiscal Omar Rodríguez es por “la comisión del delito de administración fraudulenta agravada en perjuicio de la Administración Pública (cfr. arts. 173, inc. 7, y 174, inc. 5, del Código Penal) y la Lic. Gabriela Sánchez Galindo en carácter de participe primario de ese mismo delito.
El sargento Suárez en su presentación señala que la maniobra se concretó el 7 de Agosto de 2019 con la firma del “contrato de Administración de Plantas Verificadoras” celebrado entre el Ministerio de Coordinación de Gabinete (la Provincia del Chubut), representada por el propio Massoni en su calidad de ministro, y la Cámara de grabadores de autopartes de vehículos y motos y que para alcanzar tal objetivo el funcionario denunciado “forzó y violentó todos los procedimientos administrativos aplicables, tanto los de orden legal como incluso normas procedimentales con base con base constitucional”.
Según el denunciante, el funcionario señalado “intervino en los expedientes y desvió la voluntad de la Administración, con el claro objetivo real de beneficiar a un tercero, a quien le generó cuantiosas ganancias. En paralelo, perjudicó los intereses que debía resguardar, afectando económicamente a la Provincia del Chubut y todos aquellos quienes deben realizar el trámite de verificación, ya que imperativamente deben abonar una tasa elevadísima que no posee sustento normativo”.
En otro tramo de la presentación del sargento Suárez, y luego de enumerar los hechos y la reacción de los legisladores provinciales fue “Massoni quien impulsó el expediente y buscó arbitrar todas las maniobras a su alcance, incluso vulnerando normas elementales de procedimiento de rango constitucional, conforme se desprende de la simple lectura de las notas, dictámenes e intercambios obrantes en el Expediente 1084/18-GB, en donde tramitó este asunto”.
“El Dr. Massoni siempre estuvo detrás del negocio de la concesión de las plantas de verificación vehicular, como una cuestión de interés personal”, añade el suboficial policial en su denuncia.
