La polémica por la situación de los lotes en avenida Mazzaredo sumó un nuevo capítulo, esta vez con una respuesta contundente desde la Secretaría de Ordenamiento Territorial contra la concejal Ferreira, a quien le atribuyeron escaso conocimiento sobre el tema, o fragilidad de memoria.
“Es importante llevar tranquilidad, pero también claridad a los vecinos”, destacó el secretario de Ordenamiento Territorial, Bruno Hernández haciendo hincapié en la necesidad de informar como corresponde a la comunidad. Y agregó: “Cuando se opina sin conocer los expedientes ni el marco legal, lo único que se genera es confusión y preocupación innecesaria”.
Desde el área explicaron que la situación de los terrenos “no es nueva”, y que se remonta a adjudicaciones en gestiones anteriores. “Encontramos inconsistencias en la forma en que se adjudicaron dichos terrenos. Eso es un dato objetivo, administrativo, y es parte del problema que hoy tenemos que ordenar”, detalló el funcionario.
Y sobre los lotes puntualizó: “Fueron entregados a afiliados del radicalismo entre los años 1999 y 2003, durante la gestión del doctor Aubia, con la firma del entonces secretario de Gobierno -hoy vicegobernador- Gustavo Menna”.
En ese sentido, cuestionó que se intente instalar un conflicto actual sin revisar el origen: “Es muy fácil hacer declaraciones altisonantes hoy, pero esto viene de hace más de 20 años y alguien tiene que hacerse cargo de ordenar lo que se hizo mal”.
Una historia “radical”
Uno de los ejes del cruce fue la exigencia de presentar proyectos técnicos para demoliciones, algo que Ferreira había cuestionado. La respuesta fue tajante: “No es un capricho del municipio ni una decisión política discrecional. Es una obligación legal”.
“El Código de Edificación es claro y de cumplimiento obligatorio. Cualquier vecino que construye, modifica o demuele tiene que hacerlo con un profesional habilitado. Esa es la regla”, remarcó con precisión Hernández, dejando en evidencia el error conceptual de la concejal.
En tanto sobre la demolición, Hernández puso en valor que el intendente Othar Macharashvilli “decidió acompañar este proceso con medidas económicas”. Además, admitió que “durante muchos años esto no se cumplió como correspondía y hoy nos encontramos con muchas construcciones clandestinas, sin ningún tipo de respaldo técnico, ni legal”.
Con respecto a las notificaciones enviadas, el secretario de Ordenamiento manifestó que “no son masivas ni arbitrarias” y explicó que “son individuales, porque cada caso es particular. No es lo mismo quien habitaba el lugar que quien lo utilizaba para obtener una renta económica”.
En efecto, precisó que se está ordenando la situación y esto implica, sin rodeos, “exigir que se cumpla la norma”. Y en la misma dirección, aseveró: “Ningún funcionario puede saltearse los procedimientos legales. Eso debería ser algo básico para cualquier representante institucional”.
Por lo que Hernández defendió el accionar del Municipio y aseguró que las medidas “no son para perjudicar a nadie, al contrario, son para regularizar”, y forman parte del poder de policía del Estado “para hacer cumplir la ley y cuidar a todos, no solo a los afectados sino también a terceros”.
“Cuando se desconoce esto, se termina defendiendo la informalidad, y eso sí es perjudicial para los vecinos”, subrayó.
También, aclaró que el camino elegido no se va a modificar por presión política: “Tenemos una línea muy clara: cumplir la norma. Puede ser incómodo, puede ser antipático, pero es la única forma de ordenar la ciudad”.
Finalizando con un mensaje directo: “El municipio está interviniendo con responsabilidad, con criterio técnico y acompañando. Pero de ninguna manera vamos a dejar de cumplir con el ordenamiento jurídico vigente”.
