Ahora bien, de los 60 testigos los periodistas tendrán prioridad a la hora de brindar testimonio, teniendo en cuenta que ellos fueron los primeros testigos en arribar al lugar, inclusive antes que el personal policial de refuerzo. La prueba principal que se obtuvo, fue de gran importancia y fue aportada por los trabajadores de la prensa local.
El 18 de Julio a las 09:00 horas, estaría previsto que inicie el juicio oral y público que tiene al ex secretario general de la ATECH Santiago Goodman y a otros dos imputados, como los responsables de los incendios provocados en la Legislatura de la Provincia del Chubut y en la Casa de Gobierno, ocurridos en el año 2019.
La audiencia se realizará en la Oficina Judicial de Rawson, conforme la acusación presentada por la fiscal general Florencia Gómez. Además de Goodman, están imputados en la causa Marcela Ancaleo y Mariana Castro.
Los incidentes se produjeron entre la noche del 17 de Septiembre y la madrugada del día siguiente, primero en la Legislatura del Chubut y luego en la Casa de Gobierno.
La fiscal general Florencia Gómez, anticipó que pedirá cinco años de prisión para cada uno de los tres imputados. El delito de incendio prevé penas que van de los 3 a los 10 años de prisión.
La investigación se basó en una importante cantidad de fotografías y filmaciones obtenidas en los incidentes, además de lo contado por 60 testigos presenciales que se tiene previsto declaren en el juicio oral y público.
Gómez fundamentó su postura en “la educación y posición socio cultural” de los imputados, que “comprendieron acabadamente los alcances legales y dañinos de la conducta que se les atribuye, ya que supieron en todo momento la ilegalidad de su accionar”, que “a pesar de ello no cesaron en su cometido”, además de las dimensiones del “daño causado”. A favor, tuvo en cuenta que no poseen antecedentes condenatorios.
Los hechos
La investigación da cuenta de las pintadas previas y daños en el sector público aledaño a la Honorable Legislatura, para posteriormente trasponer las vallas de seguridad, dañar a pedradas y objetos contundentes el ingreso vidriado de la Legislatura, para posteriormente iniciar el incendio.
Cabe recordar que para provocar ambos incendios se utilizaron pallets de madera y neumáticos que habían sido transportados en una Renault Kangoo de propiedad del Gremio de la ATECh liderado por Goodman. En este sentido, se señaló al secretario general de ese Gremio como el organizador y que da directivas a los presentes en el lugar, además de realizar varios viajes en ese vehículo para trasladar mayor volumen de los elementos utilizados para la combustión.
Asimismo, se sindicó a Castro y Ancaleo como las personas –entre otras que pudieron ser identificadas- que bajan los elementos para darle mayor dimensión a los focos ígneos en el hall de acceso a la Legislatura que además afectaron seriamente a la misma Sala de Sesiones de los diputados.
Continuando con el raid, en los primeros minutos del día siguiente, alrededor de un centenar de manifestantes se dirigen a uno de los accesos en Casa de Gobierno, donde además de romper las vallas, producen un incendio similar que afecta una puerta doble de madera, dañando el interior, afectando también la provisión de servicios.
Allí “los intervinientes provocan mayores daños y la sustracción de bienes públicos, como computadoras, utilizando para avivar el fuego documentación sacada del interior de las oficinas”. Además, dañaron a pedradas 13 ventanas del edificio sobre la calle Belgrano y 16 sobre la calle Vacchina.
En ambos incendios, además, se afectó la salud del personal policial y empleados de la Legislatura por la inhalación de monóxido de carbono en la intención de sofocar las llamas.
Asimismo, se mencionó a un oficial de policía afectado en el rostro por un objeto contundente arrojado por los manifestantes.
La audiencia de debate se realizará con un tribunal unipersonal el cual estará a cargo de la jueza Maria Tolomei, como querellante letrado se presentó Martin Castro por la fiscalía de Estado y por el Ministerio Público Fiscal de Chubut, la fiscal general Florencia Gómez.