El Ministerio de Salud cambió la forma en que prepagas y obras sociales aplican descuentos en la compra de medicamentos, para poner un tope a lo que deben aportar las empresas por una lista de medicamentos para pacientes crónicos. A partir de ahora, la cobertura del 70% que las financiadoras están obligadas a pagar va a tener un monto máximo equivalente a esa proporción de un precio de referencia. Y si el paciente opta por comprar la misma droga en una presentación más cara, deberá pagar más por esa opción.
La cartera conducida por Carla Vizzotti publicó esta mañana la resolución 27/2022 en el Boletín Oficial. En el texto, se modifica la manera en que se aplican descuentos de prepagas y obras sociales en la compra de ciertos medicamentos. En el anexo se detallan 85 componentes activos, propios de medicamentos para condiciones crónicas, que están alcanzados por la normativa –según publica Infobae-.
Hasta ayer, las obras sociales y prepagas estaban obligadas a cubrir el 70% del medicamento recetado sin importar el precio que se pagara. En base a la ley de genéricos, los profesionales de la salud deben recetar el nombre de la droga y en la farmacia el paciente puede elegir entre distintos laboratorios que elaboran el mismo medicamento.
El resultado de ese esquema era que no había incentivos suficientes para ir por el medicamento más barato ni para que los laboratorios compitan por precio, señalan en el sector.
Con la nueva regulación, se establecerán precios de referencia para cada uno de los componentes activos en cuestión. Si el beneficiario compra un medicamento cuyo precio final está por debajo del precio de referencia, tendrá que pagar el 30% de su valor. Si optara, por caso, por otra presentación cuyo precio fuera idéntico al de referencia, el descuento sería de la misma magnitud. Pero si, en un tercer caso hipotético, optara por una presentación más cara que la referencia, sólo tendría por descuento el 70% del valor de referencia y no el del valor final. Es decir, pagaría más del 30% del valor.
Así, el descuento de 70% pasa a ser un descuento de, como máximo, el 70%. La aplicación no es para todos los medicamentos, sino para una lista específica publicada en forma de anexo.
Las financiadoras privadas, prepagas y obras sociales, fueron protagonistas hace días de un tironeo en el sector por lo que, sostienen, es un atraso en la actualización de las tarifas que cobran.
Para Enero, las prepagas tenían programado un aumento del 9% en las cuotas que se terminó aplicando al pie de la letra. Pero, argumentando problemas financieros, anunciaron que no iban a trasladar el aumento de cuota a los precios que pagan a prestadores (clínicas, diagnóstico y otras prestaciones). La respuesta de los prestadores fue anunciar la reinstauración del copago: que los usuarios tuvieran que pagar un 9% extra por las prestaciones.
El Gobierno medió en el asunto y lo hizo en contra de las prepagas y obras sociales. El copago nunca se hizo realidad y el 9% de aumento tuvo que ser trasladado a los prestadores. Con esto, el Gobierno reduce al menos un costo del sector financiador.
“Para nosotros, los medicamentos van ganando año a año protagonismo en la torta de costos de salud porque no están regulados. Hace 5 años eran el 20% de la torta de salud y hoy están arriba del 30%. El otro motivo es la incorporación de nuevos medicamentos, que llegan a cientos de miles de pesos. De ese 30%, la mitad se explica por estos nuevos medicamentos”, dijo Ricardo Lilloy, miembro de la Unión Argentina de la Salud.
La jefa de Gabinete del Ministerio de Salud de la Nación, Sonia Tarragona, y el secretario de Comercio Interior, Roberto Feletti, mantuvieron la semana pasada una reunión virtual con representantes de las cámaras y federaciones de la industria farmacéutica para llegar a un consenso sobre las próximas medidas para mejorar el acceso a los medicamentos a través de la implementación de precios de referencia y el impulso a la prescripción por nombre genérico.
La estrategia incluye distintas líneas de acción como la apertura del vademécum para garantizar la libre elección sin limitación por marca o presentación comercial; mejorar la accesibilidad geográfica a los medicamentos; el modelo único de receta (tanto en formato papel como electrónico) y la posibilidad de receta prolongada de hasta tres meses para el tratamiento de patologías crónicas prevalentes para favorecer la adherencia; y el establecimiento de precios de referencia.
Durante la reunión Tarragona explicó que, según la propuesta, los precios de referencia se actualizarán de forma mensual de acuerdo a la suba porcentual del promedio simple del índice de salarios y el índice de precios al consumidor elaborados por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC). La información se publicará todos los meses en el sitio web del Ministerio de Salud de la Nación.