El directorio del Fondo Monetario Internacional aprobó este viernes el acuerdo técnico alcanzado con la Argentina y respaldado por el Congreso, por lo que dará inicio formal entonces al nuevo programa económico con el que el país refinanciará los USD 45.000 millones de vencimientos del préstamo de 2018.
El máximo órgano de decisión del FMI debatió este viernes el memorando técnico y de políticas económicas que rubricaron el staff del organismo y el Gobierno argentino a principios de mes, y que tuvo el apoyo del parlamento nacional. El directorio, integrado por los miembros del Fondo y con la presencia central de los Estados Unidos, China, Japón y países de la Unión Europea, le dieron el respaldo final al acuerdo. El último visto bueno fue alcanzado por consenso, pero no llegó a ser aprobado de manera unánime entre los miembros del board, según fuentes oficiales.
De esta manera, ya sin pasos necesarios para su formalización, comenzará de manera oficial el Extended Fund Facility (EFF) que reemplazará al Stand By que firmó el Gobierno de Mauricio Macri, luego de casi dos años de renegociación. El Gobierno aceleró el tratamiento de un nuevo programa con el FMI luego de las elecciones legislativas del año pasado, en una discusión que estuvo atravesada por las diferencias internas en el Frente de Todos.
En el programa económico que comenzará hoy y que tendrá vigencia de dos años y medio, el Gobierno argentino se comprometió a cumplir una serie de metas macroeconómicas que serán exigibles por parte del FMI como condición para habilitar desembolsos trimerstrales, que le servirán al Estado argentino para cumplir con el calendario de vencimientos con el organismo, de acuerdo a la hoja de ruta establecida en el SBA de 2018.
Dentro de tres meses tendrá lugar la primera evaluación de desempeño por parte del equipo técnico del Fondo Monetario. El Ministerio de Economía y el Banco Central deberán cumplir objetivos concretos de reducción de la emisión monetaria del BCRA hacia el Tesoro, un techo de déficit primario y un piso de acumulación de reservas, entre otras metas.
A grandes rasgos, durante 2022 la Casa Rosada deberá mostrar, de acuerdo al nuevo programa económico, un déficit primario de, como máximo, 2,5% del Producto Bruto Interno, una monetización del rojo fiscal equivalente al 1% del PBI y una adición neta de divisas en las arcas del Banco Central de USD 5.800 millones.
Como primer paso en el nuevo programa, el Gobierno recibiría un primer desembolso en las próximas horas. Será de entre USD 9.700 y USD 9.800 millones, que le servirán al Poder Ejecutivo para cubrir los vencimientos de la semana próxima, por poco menos de USD 2.800 millones, más los que caerán hasta el próximo envío de divisas desde Washington, previsto para finales de junio.
De esta forma, el BCRA se hará de un colchón “extra” de reservas que le servirá para estabilizar las expectativas de devaluación y para mostrar ante el mercado una posición de mayor fortaleza, en un contexto macroeconómico de debilidad aún para los activos argentinos y de aceleración en la inflación en los últimos meses, que promete índices por encima del 5% mensual en lo sucesivo.
Programa con el FMI
El nuevo plan, que se extenderá hasta 2034, contempla metas fiscales, monetarias y de inflación. El programa tendrá en los primeros dos años y medio 10 revisiones que serán trimestrales y el primer desembolso será de USD 9.800 millones, luego de que el board dé su conformidad.
A lo largo del primer año habrá un financiamiento neto del FMI equivalente al 0,7% del Producto Interno Bruto (PIB), para recuperar reservas. A esto, se le sumaría un financiamiento extra de USD 2.600 millones de otros organismos multilaterales, para ayudar a cerrar el bache fiscal de este año.
En ese marco, se estima que la cuenta corriente externa se mantendrá en superávit, y junto a un aumento de la Inversión Extranjera Directa (IED) y la entrada de flujos oficiales netos, facilitará una acumulación de reservas netas de USD 15.000 millones durante el programa y reforzará el régimen de deslizamiento cambiario (crawling peg).
Entre las pautas del convenio, se proyecta una suba en el gasto social e infraestructura. Asimismo, habrá más fondos para inclusión social y más inversión en obra pública, que superará aproximadamente el 2% del PIB.
El acuerdo prevé también una reducción del déficit fiscal con metas de déficit primario de 2,5% del PIB en 2022, de 1,9% del PIB en 2023 y de 0,9% en 2024; además de la disminución de la monetización del déficit a 1% del PBI este año.
El Gobierno apunta a reducir la inflación mediante una combinación de políticas fiscales, monetarias y de precios e ingresos; a bajar los costos de la energía y además a mejorar la focalización de los subsidios, manteniendo asegurada la protección de los hogares de más bajos ingresos.
En concreto, el nuevo esquema de segmentación tarifaria prevé la eliminación de los subsidios a la electricidad y el gas para el 10% de los consumidores con mayor capacidad de pago a partir del 1 de Junio próximo.