Las damnificadas son madres solteras y desde hace años ninguna autoridad policial ni del Ministerio de Seguridad cumplen con la disposición de la Justicia que ordenó la restitución en sus cargos.
“En mi caso fue una causa armada que se hizo una falsa denuncia de una compañera de la Comisaría de Laprida en el 2015, de ahí para abajo está todo mal hecho”, comentó a la Radio de Camioneros Verónica Salvo, una de las mujeres.
Continuando, remarcó que “ella misma realizó la denuncia y se elevó, no tiene firma del oficial ni del jefe y así fue a fiscalía. No se cómo se dio curso a esa denuncia que la misma víctima es quien la redacta. De ahí en adelante fue todo arbitrariedad”.
“En la Justicia se le dio curso hasta la destitución. Lo que solicito es que se interioricen en el tema, tomen cartas en el asunto. Tienen que darme la rehabilitación administrativa y reincorporación laboral ya sea en policía o en cualquier repartición”, agregó.
En este sentido, sostuvo: “Viajamos en varias oportunidades a Rawson, nos atendieron por obligación, pero nos cuesta ir porque somos sostén de familia y nuestra situación no es buena”.
“Yo fui sacada en 2017 por un supuesto falsificación de certificado médico, el cual se comprobó que no era de mi puño y letra. El mismo año me dieron la baja y la causa quedó en la nada porque no encontraron nada”, remarcó Yamila Gudiño, otra de las damnificadas.
Por otro lado, dijo que “voy a Rawson y no obtengo respuesta, nos tienen a las vueltas. Esta última vez que fuimos el jefe de policías nos trató obligatoriamente, no nos prestó atención. Ya tengo el alta administrativa, me tienen que reincorporar en algún lugar de trabajo. Necesitamos trabajar, estamos en casa prestada y en algún momento tenemos que salir de ahí”.
“No tenemos que pagar por lo que hacen otras personas, los jefes y oficiales no tienen causas, no los sacan o los mandan a otras localidades y les esconden las cosas. Los subalternos siempre somos los que pagamos”, cerró.
