El fiscal de la causa que investiga el crimen de Gonzalo Guenchur, Martín Cárcamo, habló sobre la reunión que mantuvo con la madre del adolescente de 17 años asesinado en una garita de colectivo. “Mi opinión sobre la baja de la edad de imputabilidad es que se debe un debate, lo cierto es que solo reducir la edad de imputabilidad no va a resolver los conflictos de menores”, afirmó.
En este sentido, señaló -en diálogo con Radio de Camioneros– que “ayer estuvimos reunidos varias horas con Noelia Alderete, ella traía la inquietud sobre las evidencias con las que se contaba para tener certezas sobre el autor material de la muerte de su hijo”.
“Se le presentaron la totalidad de las evidencias y pudo disipar las dudas que tenía al principio del encuentro. La escuchamos para darle respuestas a todas sus dudas quedamos en seguir trabajando”, dijo.
Asimismo, aclaró que “ella manifestó la duda que tenía sobre el menor de edad que había sido detenido. Es lógico y entendible para una madre que perdió a su hijo y por eso le compartimos la totalidad de la evidencia”.
“La abogada participó de la reunión junto con la abuela de Gonzalo y en el transcurso del día nos acercaron información. Se está realizando el levantamiento de nuevas cámaras que confirman la autoría de este menor de edad”, indicó.
En este marco, destacó que “hay un límite normativo que establece que ningún adolescente menor de 16 años puede ser sometido a un proceso ni condenarlo a cumplir una pena. Le corresponde a la Justicia de Familia disponer las medidas de protección para reconducir su situación”.
“Mi opinión sobre la baja de la edad de imputabilidad es que se debe un debate, lo cierto es que solo reducir la edad de imputabilidad no va a resolver los conflictos de menores”, afirmó.
A su vez, resaltó: “Hay que atacar la problemática con diversos enfoques para que el último filtro -que es el sistema penal- llegue con la menor cantidad de menores no punibles implicados”.
“El sujeto que es alcanzado por la medida de protección es el menor que incurrió en una conducta reñida de la ley penal y se elaboran dispositivos que intervienen distintos grupos del Estado y el grupo familiar”, expresó.
También explicó que “si el menor no tiene grupo familiar es un agravamiento y la que resulta inexcusable es la responsabilidad del Estado de velar por la integridad psicofísica de este menor de edad”.
“Distinta es la situación si fuera un menor punible, ahí sí habría más controles para lograr la readecuación por sus conductas. Como es un menor no punible, sus funciones le corresponden al Estado con el contralor de la Justicia de Familia”, enunció.
Finalmente, Cárcamo recordó: “Pretender que el problema se va a solucionar con la baja de la edad de imputabilidad, es solo una ilusión. La propia sociedad genera cuestionamiento y será quien deba darse la respuesta. El caso no ha quedado impune porque se está cumpliendo desde el MPF lograr establecer la verdad de cómo ocurrieron los hechos, que es lo que establece la Constitución. No se le va a poder imponer una sanción a este menor de edad, pero el hecho está quedando lo suficientemente esclarecido”.