El abogado Roberto Castillo de la familia de Ángel, el niño asesinado en Comodoro Rivadavia, confirmó que este lunes avanzarán con nuevas presentaciones judiciales y administrativas en el marco de la causa, al tiempo que cuestionó con dureza la actuación de funcionarios judiciales y de los equipos interdisciplinarios que intervinieron en el caso.
El letrado sostuvo que el menor “fue violentado desde el principio” y apuntó directamente contra su padrastro, a quien definió como una persona violenta, además de cuestionar también el rol de la madre. “Entendemos que debe haber prisión perpetua para ambos. Ángel fue víctima desde el inicio y hubo una cadena de responsabilidades que terminó con su asesinato”, expresó.
En ese sentido, confirmó que presentarán ante el Consejo de la Magistratura un pedido de jury de enjuiciamiento contra el juez Pérez, además de impulsar denuncias contra la defensora de menores y la psicóloga que intervinieron en el expediente.
“Hoy llegamos a Comodoro para avanzar con la presentación del jury contra el juez y con las denuncias correspondientes contra quienes fueron responsables del aislamiento de Ángel, una situación que terminó de la peor manera”, afirmó.
Según indicó, la acusación se apoya en nuevos testimonios de personas que convivieron con la madre del niño, Altamirano, y que darían cuenta de episodios reiterados de violencia en el entorno familiar. “Estamos avanzando con testigos directos que describen a Altamirano como una madre muy violenta. Incluso hay antecedentes con otro de sus hijos, Dante, que también habría sufrido situaciones de violencia”, señaló.
Castillo remarcó que, en su momento, Ángel había sido entregado al cuidado de su padre debido a estos antecedentes, pero luego la tenencia fue revertida por decisión judicial. En esa línea, cuestionó el accionar de una de las profesionales intervinientes, a quien acusó de haber actuado con parcialidad.
“Hubo sesgo de género y falsedad ideológica. Se firmaron informes sobre situaciones que nunca ocurrieron. El padre mostraba videos de Ángel llorando y le decían que eso no era válido, que constituía revictimización”, denunció.
Finalmente, sostuvo que la familia buscará que se revisen todas las actuaciones para determinar las responsabilidades institucionales que, a su entender, permitieron que el niño quedara expuesto a un contexto de violencia extrema.
“El objetivo es que se investigue a fondo y que quienes tomaron decisiones equivocadas también respondan”, concluyó.
