El fiscal jefe de Chubut, Cristian Olazábal, confirmó que este lunes se inició la audiencia preliminar por el homicidio de Maximiliano Cifuentes, ocurrido el 1° de enero en Comodoro Rivadavia, causa en la que está imputado Roberto Alejandro Romero.
Según explicó el fiscal, la acusación fue presentada en junio del año pasado y en esta instancia se avanzó con el ofrecimiento de pruebas para el juicio, que originalmente incluía a 47 testigos, aunque se realizó una depuración durante la audiencia. “Se hicieron convenciones probatorias porque el hecho no está discutido, pero sí la mecánica de cómo ocurrió”, señaló Olazábal.
El hecho
De acuerdo con la hipótesis de la fiscalía, el crimen ocurrió alrededor de las 5:50 de la madrugada del 1° de enero, cuando Cifuentes acompañaba a un grupo de amigos. En ese momento se produjo una pelea entre el imputado y uno de los integrantes del grupo.
“Maximiliano intentó separarlos y ahí es cuando el acusado decide quitarle la vida. Ingresó a su vehículo, tomó una daga de doble filo y le asestó tres puñaladas, una de ellas perforando el corazón y provocando su muerte a los pocos minutos”, detalló el fiscal.
La audiencia estuvo marcada por posiciones contrapuestas entre las partes. Mientras la fiscalía sostiene la acusación por homicidio, la defensa plantea que el imputado habría actuado en legítima defensa, argumento que será debatido durante el juicio.
Olazábal indicó además que la fiscalía solicitó mantener la prisión preventiva del acusado por seis meses o hasta la finalización del juicio, teniendo en cuenta que durante la jornada vencía la medida de coerción vigente. El juicio tendrá la particularidad de realizarse ante un tribunal de jurados populares, por lo que en las próximas etapas se realizará el sorteo y la selección de los ciudadanos que integrarán el jurado.
En caso de que el acusado sea declarado culpable, la fiscalía adelantó que solicitará una pena de 20 años de prisión, además de las costas del proceso.
Por último, Olazábal cuestionó parte de la prueba ofrecida por la defensa, al señalar que varios de los testigos propuestos pertenecen al entorno familiar del imputado o serían testigos de oídas, lo cual no está permitido en los juicios por jurados.
“Todo indica que apuntan a instalar la idea de una legítima defensa, pero los testigos y la evidencia que tenemos para el debate lo desmienten”, concluyó.
