El abogado de Abel Boyero, Guillermo Iglesias, habló sobre la audiencia de revisión ante el STJ por la denominada causa ‘Emergencia Climática’ de Comodoro Rivadavia. “Los inspectores que firmaban los partes, dieron cuenta que los trabajos se hicieron. Entonces es como jugar a mentirnos. La finalidad de los juicios, es llegar a la verdad, pero no una verdad, y parar en el camino”, aseveró.
En este sentido, señaló -en diálogo con Radio de Camioneros- que “nosotros llegamos a la defensa con un escenario adverso, es decir, con la sentencia de primera instancia que lo condena a Boyero a la pena de cinco años por el delito de partícipe necesario en el delito de administración fraudulenta contra el estado municipal”.
“Nosotros entendemos que hay determinada prueba que el Tribunal no valoró y otras que sí valoró omitiendo otras, es decir se valoró una por encima de la otra”, dijo.
Asimismo, aclaró que “en los partes diarios de los trabajos se consignaba una serie de aspectos que son temporales y otros (4:53) materiales que tienen que ver con quién operaba una máquina, quién era el inspector, qué cantidad de horas se trabajaba , en qué lugar, la descripción de la tarea”.
“En el medio, el área de Finanzas de la Municipalidad -que en ese momento estaba a cargo de Germán Issa Pfister- saca el 25 de abril, un memorándum en donde le exige a los prestadores de servicios que cumplan una serie de requisitos dentro de los cuales estaba que quienes operaban los bienes que tenían bajo su disposición formen parte de la nómina de empleados”, indicó.
En este marco, destacó que “los primeros 25 días, el estado municipal dijo vengan todos acá, traigan máquinas, bateas. Uno de los imputados aseguró ‘vengan con cucharitas porque hay que sacar barro acá. Y viendo desde el espejo retrovisor estamos de acuerdo en que el barro efectivamente se sacó”.
“Fue una catástrofe terrible, pero en 45 días la gente pudo volver a transitar por la ciudad. Se pusieron puentes, es decir, hubo efectivamente un trabajo llevado a la práctica. Sin embargo, muchos empresarios, dentro de los cuales están estos cinco, para poder cobrar sus trabajos tuvieron que recurrir a una astucia que era poner en el parte personas que eran empleados del Municipio pero que no habían operado la máquina, pero a su vez el trabajo si se había realizado”, aclaró.
A su vez, el letrado explicó: “El parte tenía un aspecto cuestionable, porque figuraba una persona que no había trabajado, pero cuando hay fraude yo te cobro algo que no hice. Pero en este caso, no hay fraude porque el trabajo se hizo”.
“El fraude se produce cuando yo engaño a alguien para obtener una ventaja patrimonial. Acá no hubo engaño, porque el trabajo se hizo. Eso es lo que tiene que quedar claro, que los trabajos se hicieron”, agregó.
“Los inspectores que firmaban los partes, dieron cuenta que los trabajos se hicieron. Entonces es como jugar a mentirnos. La finalidad de los juicios, es llegar a la verdad, pero no una verdad, y parar en el camino”, aseveró.
“Boyero no operó ninguna máquina, no firmó ningún parte, él solo estaba en la cadena de pagos de esos servicios. Él -en ese momento- mientras las máquinas operaban, estaba en el comité de crisis, que funcionaba en el Predio Ferial”, resaltó.
Finalmente, Iglesias recordó: “Esta es una causa difícil de entender y fácil de explicar, como dice Patricio Rey. Si vos construís una historia sobre una foto y no sobre una película, podés llegar a la conclusión que vos quieras. Pero yo te pongo un ejemplo más todavía. En el derecho penal, la exigencia es que cada uno responda por lo que hace, no por lo que es. Entonces, un funcionario que está dentro de una cadena de pagos es una firma. No es el que paga, ni el que hace. Para que eso suceda, para que él tenga que responder, el Estado tiene que probar que él no solamente lo hizo, sino que sabía que lo que los otros estaban haciendo era una maniobra defraudatoria contra el Estado y no hizo nada para frenarla”.
