El procurador general de Chubut, Jorge Miquelarena, habló sobre el debate por la baja de la edad de imputabilidad en la Argentina. “Hay países del Caribe en donde la edad de imputabilidad es de 8 o 9 años, eso no lo comparto de ninguna manera. Y el tema de llevarla a 14 años tiene que ir acompañada por un régimen penal, tutelar, juvenil y acá no hay garantías de que eso pase”, aseveró.
En este sentido, señaló -en diálogo con Radio de Camioneros– que “en los últimos 16 años en Chubut recuerdo tres casos de homicidios en donde estaban involucrado menores de edad”.
“Cuando sucede un caso de esta gravedad, la Justicia tiene pocas herramientas para poder paliar la situación y dar una respuesta”, dijo.
Asimismo, aclaró que “el régimen penal juvenil nuestro data del año 1980, después, con la Convención de los Derechos del Niño en 1990 y la reforma de la Constitución en 1994, se estableció que la edad mínima de imputabilidad queda bajo responsabilidad de cada Estado”.
“La recomendación que hace la ONU es que establece un mínimo a partir de los 14 años. Pero cuando uno mira el contexto general con países de nuestra región, se encuentra con que en Brasil y Ecuador es de 12 años, en Uruguay y Nicaragua es de 13 y el resto es de 14”, indicó.
En este marco, destacó que “está la creencia que bajando la edad de imputabilidad cae la tasa de delitos, pero en los menores no es así. Solo te da un tratamiento más adecuado”.
“Hay países del Caribe en donde la edad de imputabilidad es de 8 o 9 años, eso no lo comparto de ninguna manera. Y el tema de llevarla a 14 años tiene que ir acompañada por un régimen penal, tutelar, juvenil y acá no hay garantías de que eso pase”, afirmó.
A su vez, resaltó que “la cuestión no pasa solo por subir o bajar la edad de imputabilidad. Pasa porque el menor sea acompañado durante el régimen penal. No creo que esto sirva para desalentar los delitos, pero sí da herramientas para atender la problemática”.
“Esto es una cuestión de fondo porque la Ley es nacional. Las provincias tendrán su injerencia, pero en principio tiene que ser un régimen moderno. No he hablado con el Gobernador de esto, pero sé que su intención es que el Gobierno Nacional avance”, expresó.
Por otro lado, explicó: “Desde el punto de vista penal se va a tener que confirmar la existencia del hecho y la autoría, pero sin imputar responsabilidad. Desde lo civil van a tener que otorgar todas las medidas de resguardo y darle un tratamiento adecuado al menor de 15 años”.
“El lugar designado dependerá de la problemática después que se le realicen todos los estudios psicosociales, porque si tiene alguna adicción hay instituciones para que lo reciban y asistan”, concluyó Miquelarena.