Un insólito hecho se registró en la Comisaría Primera de Puerto Madryn. Los presos fueron autorizados a tener un celular para comunicarse con sus familiares e ingresaron un teléfono pero era robado. La justificación fue aún más sorpresiva: la Justicia no había aclarado que debía haberse conseguido de manera legal.
Los presos presentaron el lunes un habeas corpus ante la jueza Marcela Pérez Bogado, reclamando que no tenían teléfonos para comunicarse con sus familiares porque estaban “rotos”.
Por la pandemia, los privados de la libertad habían sido autorizados a tener un teléfono ya que las visitas fueron suspendidas, por ello se estableció un protocolo de utilización de dispositivos móviles en las cárceles y comisarías. Pero los presos relataron que el que tenían “le metieron mano” y había dejado de funcionar.
“Pueden traer un teléfono ustedes”, le contestó el oficial a los detenidos de la Comisaría Primera ante el reclamo, por lo que ingresaron un teléfono “usado” sin embargo, no se lo autorizaron.
Al pedir un informe, la respuesta de la Policía fue que el celular que habían intentado ingresar era “robado”.
Pero el hecho más insólito fue que en su defensa argumentaron que los autorizaron a que podían tener un celular, pero tampoco le aclararon que el mismo tenía que haber sido conseguido por medios lícitos, señaló el Ministerio Público Fiscal.
